El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó este miércoles las acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco (expulsada de la Corte Suprema) y Sergio Muñoz, afirmando que el Caso Audio excede al Poder Judicial respecto a las argumentaciones que se han hecho, porque hay cruces o puntos de intersección con la crisis del sistema de justicia.
En conversación con Tele 13 Radio, Cordero señaló que “estas acusaciones tienen una particularidad distinta a las anteriores. Las anteriores, no todas, pero mayoritariamente estaban muy focalizadas en el desempeño jurisdiccional. Estas en cambio están asociadas a actos personales y eso genera una discusión, en un contexto que excede al Poder Judicial. El caso Audios excede al Poder Judicial. A propósito de esas argumentaciones se producen entonces cruces o puntos de intersección con la crisis del sistema de justicia en general”.
“Esta es la crisis del sistema de justicia más grande que hemos tenido desde el retorno a la democracia, excede al Poder Judicial. El Ministerio Público está llevando a cabo investigaciones que son complejas, cuyas ramificaciones todavía no tenemos capacidad de predecir por razones obvias, pero que es evidente que van a seguir teniendo malas noticias”, explicó.
Agregó que “tercero porque compromete también el funcionamiento institucional del Poder Judicial. Entonces, en un contexto de esas características, las personas en su vida cotidiana ven al sistema de justicia en una tensión, además con una distancia, como revelan las cifras hace muchos años, de desconfianza institucional”.
En cuanto al sistema de nombramiento, Cordero precisó que “la Corte Suprema tiene tres grandes objetivos que es separar gobierno judicial de la función jurisdiccional, separar en dos instituciones, una exclusivamente para el sistema de nombramientos judiciales”.
“La Constitución lo que regula es el nombramiento de jueces, no de funcionarios judiciales, y por lo tanto el Consejo de Nombramientos sólo estará focalizado en aquello que nosotros denominamos escalafón primario, es decir, donde tenemos desde los ministros de la Corte hasta los secretarios del tribunal, los que ejercen o que están en una posición jurisdiccional”, mencionó.
Cordero indicó que “lo segundo tiene que ver con establecer una institución separada en materia de administración y gestión, que hoy día es la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero ojo, que está gobernada por un consejo por representantes del Pleno de la Corte Suprema. De hecho es una entidad dependiente de la Corte Suprema y lo que nosotros estamos haciendo es sacarla de ahí”.
El secretario sostuvo que “el sistema incentiva estructuralmente a que usted vote por personas respecto a las cuales tiene conocimiento personal y ese sistema se cambia sustancialmente por un mecanismo donde cada cargo judicial sólo puede ser proveído previo concurso u oposición efectiva. No son simplemente antecedentes, usted tiene que rendir pruebas, evaluaciones y ese es un mecanismo a cargo del Consejo de Nombramientos”.
“El tercero tiene que ver con establecer reglas significativas en materia de conflictos de intereses en dos dimensiones: uno en el Poder Judicial ya que hoy día el Poder Judicial no tiene mecanismos que les permita a los jueces resolver estas zonas grises. Entonces generan mecanismos de controles preventivos en materia de conflictos de intereses, para lo cual se está reestructurando la Fiscalía Judicial”, concluyó.