• Tras la entrada en vigor, las empresas tendrán que fortalecer sus modelos de prevención y cumplimiento. ¿Cómo adaptarse a los cambios para evitar sanciones? 

La Ley 21.595, también conocida como Ley de Delitos Económicos (LDE), entró en plena vigencia hace un mes, marcando un hito en la regulación empresarial chilena. Esta normativa amplía de manera considerable el catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas, pasando de 20 a más de 200, e introduce un nuevo sistema de responsabilidad penal que obliga a las empresas a rendir cuentas por los ilícitos cometidos en su beneficio o bajo su nombre.

José Ignacio Camus, cofundador de Admiral Compliance, subraya que «este cambio normativo obliga a las empresas a tomar medidas concretas para prevenir delitos». La ley exige que los líderes empresariales se involucren más en la gestión diaria de sus operaciones, implementando sistemas de prevención efectivos para minimizar riesgos.

Las sanciones por incumplimiento son severas, incluyendo penas de cárcel para ejecutivos y multas para las empresas. Las entidades deben revisar y adaptar sus modelos de prevención de delitos, realizar un análisis detallado de sus operaciones para identificar posibles riesgos, y educar y entrenar a su personal sobre las implicancias de la nueva ley y la importancia de la ética empresarial. Además, los proveedores del Estado deberán enfrentar estándares más elevados de probidad y transparencia, lo que incluye la implementación de un manual de prevención de delitos.

De este modo, la nueva legislación no sólo busca cerrar vacíos legales, sino también fomentar que las organizaciones actúen como ciudadanos corporativos responsables, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental del país.

Desafíos para las pymes

Carolina Álvarez, abogada experta en compliance, señala que «las pymes tendrán que implementar estos sistemas, lo cual puede ser un desafío una vez que la normativa entre en vigor. Es fundamental que actúen con anticipación para evitar contratiempos».

A diferencia de las grandes corporaciones, que cuentan con recursos y equipos especializados en compliance, las pymes enfrentan limitaciones estructurales. Álvarez comenta: «A menudo, existe un solo control para la emisión de facturas, lo que se combina con una excesiva confianza en los proveedores o clientes; o simplemente no hay personal especializado para advertir potenciales incumplimientos».

Sin embargo, Camus ve esta ley como una oportunidad. «La nueva legislación puede ser vista como una oportunidad para que empresas de todos los tamaños, incluidas las pymes, fortalezcan su cultura de ética e integridad en la conducción de sus negocios. Esto contribuirá a elevar los niveles de probidad y permitirá perseguir y castigar con mayor eficacia a las empresas que compitan mediante prácticas ilícitas», sostiene.

En este contexto, los especialistas sugieren las siguientes acciones clave para que las pymes se adapten a la nueva normativa:

1. Evaluar exhaustivamente los riesgos, considerando el tamaño, giro, ubicación y relaciones con terceros.

2. Desarrollar un código de conducta que defina los principios y valores operativos.

3. Implementar canales de denuncia confidenciales.

4. Capacitar al personal sobre la nueva ley y los procedimientos internos de prevención.

5. Designar a un encargado de prevención con autonomía para investigar y reportar.

6. Realizar auditorías periódicas para evaluar la efectividad del modelo de prevención.

Aunque las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos considerables para cumplir con estas nuevas exigencias, también tienen la oportunidad de fortalecer su cultura de ética e integridad. Al hacerlo, no solo se protegerán contra riesgos legales, sino que también contribuirán a un entorno empresarial más justo y transparente. En este contexto, la adaptación a la normativa no es solo una obligación, sino una inversión en el futuro sostenible de sus negocios y del país.