La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hoy un proyecto de ley que pone fin a las llamadas publicitarias no deseadas, brindando una mayor protección a los consumidores frente a las comunicaciones telefónicas no solicitadas.

En concreto se trata de dos iniciativas refundidas en una sola: La primera, presentada por el diputado Gonzalo Winter (FA), responde a las crecientes quejas ciudadanas sobre la invasión de su espacio personal por parte de empresas y busca regular las comunicaciones comerciales y de cobranza que no cuenten con el consentimiento expreso de los usuarios.

La segunda es del diputado Héctor Ulloa (ind. PPD), la cual fija un límite en las cobranzas, estableciendo un número máximo de contactos telefónicos o visitas por semana que se pueden realizar, tanto por parte del proveedor del crédito como de las empresas de cobranza.

La legislación establece que los consumidores tendrán el derecho de no recibir llamadas telefónicas o mensajes instantáneos con fines publicitarios, a menos que hayan otorgado su consentimiento expreso. Esto incluye cualquier comunicación promocional, eliminando la posibilidad de recibir estos mensajes sin autorización previa.

“Prohibir las llamadas spam ha sido un requerimiento ciudadano constante. No se explica que existan diputados que se opongan a algo tan sencillo que puede mejorar la vida de los chilenos. Se trata del derecho y la tranquilidad de los consumidores”, dijo Winter sobre el rechazo de parte de toda la bancada republicana al proyecto.

Por su parte, Héctor Ulloa (ind. PPD) planteó que “hace unos años aprobamos el proyecto ‘NO MOLESTAR’ y definitivamente no ha tenido efecto. Según un balance del Sernac, en 2021 las llamadas molestas por parte de las empresas significaron un aumento de 94% respecto de 2020. Y peor aún: Un informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones muestra que en 2022 se recibieron 1.300 millones de llamadas spam, es decir, un promedio de 3.5 millones de llamadas diarias”.

Las empresas que no respeten lo estipulado en la ley se enfrentarán a sanciones económicas que podrían llegar a las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), una medida destinada a disuadir prácticas invasivas que afectan la tranquilidad de los consumidores.