El Presidente argentino Javier Milei entregó autorización a su Ministerio de Defensa para comprar armamento y realizar obras de infraestructura militar a discreción y sin informar públicamente sobre gastos y montos de contratación.
Lo anterior, amparado bajo el concepto de “secreto militar”, el cual no establece límites claros a la hora de determinar qué es lo que entra y qué no en dicho criterio.
De esta forma, la decisión de la Casa Rosada concede a la cartera encabezada por Luis Petri la más amplia libertad de comprar en el territorio nacional o no, importar sin informar los detalles y contratar sin revisión ni supervisión los servicios y materiales que considere necesario para el refuerzo de lo que llaman “seguridad nacional”.
Según dio a conocer el medio trasandino Página 12, la medida fue autorizada vía decreto 807/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial, «que bajo la figura del ‘secreto militar’ habilita a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares para ‘la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas‘».
Sin embargo, en el propio texto oficial, según señala el diario bonaerense, da a conocer dos de los lugares donde se realizarán esas obras de infraestructura: la VI Brigada Aérea Tandil y en el Área Material Río Cuarto, donde «se realizarán tareas de adecuación de las instalaciones tales como pista, calle de rodaje, plataforma, hangares, depósitos de material sensible y centro de instrucción, y la importación de material sensible, tales como partes integrantes de las aeronaves como motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento».
Tandil, de hecho, es uno de los sitios escogidos para entrenamiento y despliegue de los aviones de combate F-16 recientemente adquiridos por Argentina a Dinamarca.
Se detalla también que «de lo único que el Gobierno se auto-exime es de informar los montos que todo esto requerirá al Estado y el límite (si los hay) de gastos que el Poder Ejecutivo le da a Defensa«, añadiendo que en el decreto se aclara además que “en las contrataciones y procedimientos que se realicen al efecto, el organismo contratante deberá seguir, en la medida que resulte pertinente, el procedimiento básico, estando exceptuado del cumplimiento de las disposiciones relativas a publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso”.
El decreto también hace hincapié en que el Ministerio de Defensa será el responsable de “decidir sobre los requerimientos para el equipamiento de las fuerzas que mejor contribuyan a las capacidades operativas necesarias” para la defensa nacional. Y en este punto apela al decreto 9.390 de 1963 que establece el “secreto militar”.
La discrecional figura del “secreto militar” se utiliza para no informar sobre todo hecho, materiales, proyectos, obras y asuntos englobados en el criterio de “seguridad nacional”. «Los detalles, aclara la norma, solamente podrán ser conocidos por las personas autorizadas y mantenidos fuera del conocimiento público», detalla la nota.
Página 12 recordó que «no es la primera vez que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) acude a esta norma para dar rienda suelta al gasto militar. En abril de este año recurrió a esa norma para que la cartera de Petri compre material para el sistema de radarización tanto para el territorio continental como el marítimo».
«Ese gasto que no se informó pudo haber sido tanto radares como los aviones F-16 que se le adquirieron al gobierno de Dinamarca. De hecho, en ese decreto que ofició como orden de compra se habló de contrarrestar ‘amenazas que se desplacen por el aeroespacio'», concluye.
