Luego de conocidos los polémicos chats del imputado abogado Luis Hermosilla, con ministros de la Corte Suprema para conseguir favores y que también ha salpicado a la clase política, especialmente a la derecha, el Congreso comenzó a reaccionar con distintos anuncios como acusaciones constitucionales en contra de los supremos y proyectos que apuntan a reformar el sistema de designación de jueces, olvidándose que quienes los impulsan con el afán de mostrarse impolutos ante estos hechos, son los peor evaluados, de acuerdo a las encuestas, y que menos confianza en la ciudadanía generan.

Hay que recordar que ayer lunes fue suspendida de sus funciones y se abrió un cuaderno de remoción contra la ministra Ángela Vivanco, debido a seis hechos que son considerados “serios y graves” como interferencia de designación del cargo de fiscal nacional y en el nombramiento de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón, como también intervención en el nombramiento de ministros y ministras de cortes en coordinación con Luis Hermosilla, entre otras.

Esta mañana, la bancada de diputados RN anunció la presentación de un proyecto que busca reformar el sistema de nombramiento de los jueces con el objetivo de fortalecer la transparencia en el Poder Judicial, el cual en las últimas semana ha estado en el ojo del huracán y el comidillo mediático.

A lo anterior se suman las distintas acusaciones constitucionales como la que Chile Vamos presentará en contra de Vivanco y el ministro Sergio Muñoz o el caso del diputado DC, Eric Aedo, quien también anunció una AC en contra de la propia Vivanco y suma a Jean Pierre Matus o las AC que impulsa el PS a través de Daniela Cicardini y Daniel Manouchehri en contra de la suspendida ministra.

La crisis que enfrenta la Suprema coloca en entredicho la ética y la imparcialidad de la justicia en el país, especialmente cuando aparecen nombres de sus miembros en cuestionamiento como los ya conocidos Matus, Vivanco y Muñoz, pero que también alcanzan a Mario Carroza y María Teresa Letelier, debido a que sobre ellos pesa un proceso administrativo interno por el presunto tráfico de influencias para nombramientos de jueces en el denominado Caso WhatsAPP.

Sin embargo, como el Congreso funciona en base a reacción y no a la antelación, los parlamentarios comenzaron a levantar la voz con la clara intención de hacerse notar en medio de una de las crisis más grave que afectan al Poder Judicial, pero se olvidan que la “moralina” que les bajó ante estos hechos no los perdonará de futuros cuestionamientos, ya que ellos son los peor evaluados en todas las encuestas y quienes menos confianza provocan en la ciudadanía y que se refleja en cada sondeo de opinión o intervención ciudadana en la calle.

Y es que lo anterior se reflejará en cómo avanzan estas acusaciones constitucionales, ya que de ser aprobadas en la Cámara de Diputados, quienes tienen que zanjar el tema son los Senadores, quienes son los mismos que designaron a los supremos que están cuestionados actualmente.