La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), rechazó la decisión tomada por la Dirección del Trabajo (DT), que determinó cerrar una farmacia Salcobrand ubicada en La Cisterna, sucursal que fue víctima de un ‘turbazo’ durante la semana pasada, cuando 11 sujetos ingresaron al local comercial para robar una gran cantidad de artículos.

La DT había señalado que los trabajadores del recinto «estaban en peligro inminente debido a la acción delictual que se desarrolla en el entorno» y que por ello «la causa de la suspensión es el riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores».

En ese escenario, la CCS hizo una declaración pública argumentando que «la decisión de la Dirección del Trabajo traspasa a las empresas la responsabilidad y obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad pública e integridad de las personas«.

«Las empresas, por su parte, colaboran invirtiendo e implementando diversas medidas dentro de sus establecimientos, con el fin de cuidar y proteger a trabajadores y clientes. No obstante, cuando la violencia escala y traspasa las atribuciones de la seguridad privada, es una señal de que el Estado no ha sido lo suficientemente eficaz en cumplir con su deber primordial«, agregó.

El organismo finalizó recalcando que «no podemos seguir perdiendo más espacios para el desarrollo de la actividad formal», además de hacer hincapié en que «este tipo de decisiones debilitan el comercio legal y el acceso de las personas a servicios esenciales como lo son las farmacias«.