El ministro de Justicia, Luis Cordero, cerró esta jornada la discusión por la construcción de una nueva cárcel, afirmando que esta se edificará en Pedro Montt, lugar donde se emplazan otros centros penitenciarios, echando por tierra la posibilidad de que pueda existir otro lugar para su levantamiento.

De esta forma, el secretario de Estado descartó la posibilidad de un cambio de lugar, luego que el Presidente Gabriel Boric se abriera esta mañana a la opción de buscar otra ubicación para el nuevo penal de máxima seguridad.

“Hay argumentos que son muy atendibles en un sentido y en otro. Yo, frente a decisiones de políticas públicas que además tienen un efecto de largo plazo, siempre estoy disponible a escuchar otras voces y si eventualmente existen mejores alternativas que cumplan con los requisitos que tenemos hoy día para enfrentar el crimen organizado, poder evaluarlas”, dijo el mandatario en referencia a la molestia que ha causado en la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien se ha manifestado contraria a la instalación de otro recinto penal en su comuna.

Sin embargo, el titular de Justicia dijo “en el corto plazo no hay un lugar distinto o posible para poder realizar la ampliación de un centro penitenciario que si no en la zona de Pedro Montt”, cerrando la discusión.

Cordero explicó que “no hay manera de abordar la situación penitenciaria que tenemos en la actualidad sin ampliar el sistema penitenciario y sin tener en consideración para la ampliación la zona de Pedro Montt”.

El secretario de Estado también advirtió que “estamos al borde de una crisis penitenciaria. Ayer la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas al Estado de Chile por el incendio del 8 de diciembre de 2010 en la cárcel de San Miguel”.

En ese sentido, Cordero señaló que es “mi labor como ministro de Justicia transmitirle a todas las personas que no solucionar la situación de población penitenciaria y disponibilidad de plazas hoy, es un costo significativo para la vida de personas y para la seguridad, no en el largo plazo, en el corto plazo”.

El titular de Justicia planteó que el sistema penitenciario hay 47 mil plazas y cerca de 57 mil personas privadas de libertad, afirmando que este es la magnitud del problema, por lo que “tomamos una de tres alternativas: o dejamos de enviar gente a la cárcel o construimos más cárceles en el corto plazo o se dicta una ley de indulto general, pero esta creencia de que podemos seguir aumentando las penas y seguir mandando gente a la cárcel, sin aumentar las plazas y creyendo que dentro de los establecimientos penitenciarios se puede seguir acumulando gente, es una irresponsabilidad”.