La Subsecretaría del Interior endosó este jueves la responsabilidad a la justicia por haber dejado solamente con la medida cautelar de arraigo y arresto domiciliario nocturno a los dos colombianos que agredieron a Carabineros en el barrio Franklin, quienes iban a ser expulsados del país y que actualmente se mantienen inubicables.

A través de un comunicado, la subsecretaría explica lo ocurrido el pasado jueves 18 de julio en el mencionado sector y que motivó la detención y formalización de los dos extranjeros, indicando que “en ambos casos, tal y como se informó públicamente, se utilizó una facultad extraordinaria para expulsar por razones de seguridad, para lo cual se dictaron las resoluciones de expulsión del país y prohibición de ingreso por 10 años”.

“Se instruyó a la Policía de Investigaciones la noticiación presencial, la cual se realizó en los domicilios respectivos los días 23 y 24 de julio. Como establece la ley, estas expulsiones solo se pueden ejecutar una vez concluido el proceso judicial de los imputados”, precisa.

Además, se indica que “desde el Gobierno tenemos la firme convicción que, en casos como este, las expulsiones deben ejecutarse de manera inmediata. Por lo anterior, como es de conocimiento público, desde la Subsecretaría del Interior se presentó con fecha 13 mayo de 2024 un proyecto de ley que permite la expulsión inmediata con la autorización previa del juez”.

Finalmente, la subsecretaría del Interior apunta a que, como parte querellante en la causa, “solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, no obstante el tribunal sólo determinó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Por considerar a los imputados un peligro para la seguridad de la sociedad el ministerio apeló con el objeto de lograr la prisión preventiva”.