A siete meses de las elecciones Municipales 2016, surgen nuevas medidas que buscan evitar el intervencionismo electoral y la competencia de “recursos”, medidas que surgen en medio de la investigación de varios casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política.

En esta línea y -seguramente- buscando recuperar la alejada confianza ciudadana en los políticos, el presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, Sergio Páez (DC) entregó un documento con una serie de normas obligatorias que no son otra cosas que duras restricciones al uso de recursos entregados por la Corporación.

El documento en cuestión fue entregado el pasado 13 de abril y es aplicable de manera inmediata para cubrir los 6 meses previos a los comicios de octubre.

“Se prohíbe la realización de estudios de opinión y la contratación de asesorías comunicacionales con cargo las asignaciones parlamentarias durante los seis meses anteriores a la fecha de realización de una elección parlamentaria”, dice el texto y que es aplicable para las próximas municipales.

“Adicionalmente, los parlamentarios siempre deberán procurar que las asesorías comunicacionales que contraten a estos fondos se relacionen estricta y directamente con la labor legislativa”.

Se prohíbe a los senadores facilitar, bajo cualquier modalidad, el uso de la oficina parlamentaria a concejales, consejeros regionales, candidatos y partidos políticos durante los seis meses anteriores a la fecha de realización de una elección popular”.

Las asignaciones no podrán ser utilizadas en gastos de difusión radial; gastos en alimentación y traslado de delegaciones invitadas a visitas el Congreso Nacional; ni gastos en alimentación y traslado de asistentes a reuniones informativas a las que convoquen los parlamentarios en su circunscripción o distrito”.

La duda que surge es cómo se realizará la fiscalización dado que este ha sido uno de las mayores falencias del Congreso: la capacidad de fiscalizar.