El ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció oficialmente hace pocos instantes que la cárcel de máxima seguridad para líderes del crimen organizado, anunciada la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric, se construirá finalmente en la comuna de Santiago.

El secretario de Estado precisó que el levantamiento del recinto pasa más bien por la decisión de «ampliar el penal Santiago 1 hacia los predios que se encuentran destinados en la actualidad a Gendarmería en la esquina de Club Hípico y en segundo lugar, al Instituto de Desarrollo de Investigación del Ejército que está en esa zona».

En ese contexto, el Ministerio de Justicia envió hoy un oficio al MINVU solicitando que se aplique la Ley Nº 21.636, que establece reglas especiales tratándose de la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios, de modo de proceder a la ampliación del penal Santiago I, ubicado en el sector Pedro Montt.

El documento, firmado por el ministro Luis Cordero, advierte que este es un proyecto estratégico, por lo que próximamente se ingresará a trámite una iniciativa que permita que la obra esté exenta de determinados trámites, de modo de agilizar la construcción penitenciaria.

Asimismo, la aplicación de esta ley permite evitar que el proyecto sea bloqueado por alguna medida de fuerza del municipio, como podría ser el cambio del Plan Regulador comunal, medida que más de una vez han aplicado los gobiernos comunales para evitar la concreción de una medida tradicionalmente impopular.

Entre las razones para llevar adelante la iniciativa vinculadas con la Ley Nº 21.636, se cuentan el de un barrio judicial consolidado; único terreno fiscal con condiciones de construcción (agua, luz) inmediata; sistema de inhibición de telefonía ya en funciones; cercanía con los tribunales para evitar traslados que pueden arriesgar fuga; mensaje de la Ley Nº 21.636, que Establece reglas especiales, señala explícitamente que se requiere el cambio legislativo porque en Santiago, entre otros lugares, no es posible ampliar las cárceles por disposiciones de plan regulador.

El ministro Cordero recalcó que conversó esta mañana con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y precisó que volverá a hacerlo para ir abordando detalles que le competan a ambas instancias.

El anuncio de la construcción de la cárcel de alta seguridad ocurrió la semana pasada y desató un intenso debate entre instancias políticas, gubernamentales y comunales en torno al sitio donde se instalará el recinto que tendrá un costo de 90 mil millones de pesos.

Al respecto, el pasado jueves, el ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, anunció que el recinto contará con una capacidad alrededor de 400/500 personas. Los reos serán monitoreados las 24 horas del día y contarán con cámaras en el interior de sus celdas.

Anunció también un régimen penitenciario muy estricto, con pocas horas de patio y que no existirá contacto entre los internos. Las visitan serán controladas por locutorios, por lo que los presos no tendrán contacto personal con otras personas.

La instalación tendrá inhibición de telefonía celular, un sistema anti drones, sistemas de seguridad perimetral tecno-vigiladas y seguridad perimetral. Se espera que el recinto penitenciario esté listo antes del término del mandato del Presidente Boric, en marzo de 2026.

Desde el Ministerio de Justicia se comentó que, además de Santiago, también se manejó la opción de Tiltil, en base al paño de 26 hectáreas que compró el Gobierno. «Siempre se sigue mirando, pero coincidió con la megasequia y no había acceso a agua potable», se señaló, haciendo hincapié que en su momento se vio la posibilidad de usar el ducto de la planta desaladora desde Quintero para Angloamerican, pero no fue factible.