La Contraloría emitió dos informes de auditorías realizadas al Fondo de Ahorro Habitacional, dependiente de la Dirección de Bienestar de Carabineros (DIBICAR) en los que se constató que el Departamento de Bienestar de la policía uniformada no cuenta con respaldos históricos, lo que refleja una falta de acreditación y montos de los ahorros individuales de los funcionarios, lo que expone a la entidad al riesgo de reflejar saldos erróneos.
Se trata del informe N°42, que analizó los aportes de los funcionarios a dicho fondos, y el informe N°110, que aborda los préstamos otorgados con recursos de este.
En primer término, la Contraloría analizó los aportes, tanto obligatorios como extraordinarios, que componen el Fondo de Ahorro Habitacional, entre 2020 y 2021, meses anteriores y posteriores.
Entre los hallazgos, detectó que, en una muestra de 91 casos que tenían un ahorro acumulado de $2.126.661.994 al 1 de enero de 2018, el Departamento de Bienestar de Carabineros no contaba con respaldos históricos digitales o físicos para reconstruir dicho saldo. Esto refleja una falta de acreditación en los montos de los ahorros individuales de cada socio, exponiendo a la entidad al riesgo de reflejar en sus sistemas saldos acumulados erróneos, depósitos o giros no registrados en la cuenta de los funcionarios correspondientes, entre otros.
La entidad también encontró que, en el caso de 82 funcionarios que habían acumulado $511.300.313, la institución policial no contaba con la documentación que acreditara la procedencia de sus aportes como ahorros extraordinarios.
Por otro lado, Carabineros devolvió los dineros que mantenían 34 funcionarios en su cuenta de ahorros extraordinarios por un total de $107.122.380, no obstante que, al momento de materializar el retiro, estos mantenían un préstamo vigente en el Fondo, lo cual resulta improcedente.
Se constataron 156 casos, en los que la entidad policial devolvió dineros que los funcionarios mantenían en su cuenta de ahorro mensual obligatorio, por un total de $255.645.607. Esto, sin verificar que los socios se hubiesen acogido a retiro o hubiesen renunciado al fondo. También se hallaron 28 casos por un total de $48.259.415, en que se materializó el desembolso, aun cuando los funcionarios hacían uso de una vivienda fiscal, lo cual resulta improcedente.
Préstamos a funcionarios
La Contraloría también analizó los préstamos otorgados con recursos del Fondo de Ahorro Habitacional al 31 de diciembre de 2021, a cargo del Departamento de Gestión Inmobiliaria de la Dirección de Bienestar de Carabineros. La observación se focalizó en aquellos desembolsos en la cuenta corriente entre 2015 a 2021, que no tenían asociado un registro de préstamo en el sistema y en aquellos préstamos que figuran terminados.
En su análisis, el ente contralor también encontró 28 cheques girados y cobrados por un total de $1.611.883.284, los que no estaban registrados en la base histórica de préstamos, y sobre los cuales Carabineros no proporcionó antecedentes que sustentaran el desembolso. Sin embargo, con posterioridad, la institución adjuntó datos que permitieron acreditar el desembolso de 21 cheques, quedando siete documentos por justificar por un monto de $428.073.063.
También se detectaron 26 de créditos otorgados, entre 2015 y 2021, que fueron amortizados por los beneficiarios, ya sea de forma parcial o total, por montos entre los $5.198.017 y los $128.436.329. Sin embargo, la entidad policial no contaba con documentos que justificaran la procedencia de los fondos usados por los funcionarios para amortizaron su deuda. La institución aportó antecedentes que permitieron justificar dos casos, quedando 24 por acreditar.
Se analizaron 101 préstamos históricos que no aparecían anotados en la cartera de préstamos vigentes al 31 de diciembre de 2021, pese a que aún no había expirado el plazo total original del crédito. En 28 de ellos, Carabineros no proporcionó antecedentes que dieran cuenta de un prepago de la deuda. Posteriormente, la institución policial entregó documentos que permitieron acreditar el prepago de seis de ellos, quedando pendientes 22, por el monto de $ 633.749.136.
Además, se advirtieron incumplimientos en los requisitos establecidos para el otorgamiento de préstamos, como falta de liquidez al momento de la entrega del beneficio, exceso en el plazo otorgado para pagar el préstamo y superación del monto máximo entregado, entre otros.
En el caso de ambos informes, la Contraloría pidió a Carabineros iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en las distintas irregularidades encontradas tras estas auditorías. Además, envió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que en derecho correspondan.
