La bancada RN junto a los integrantes de la comisión de Seguridad de Chile Vamos presentaron al Ejecutivo una reforma constitucional que establece un régimen transitorio por el cual se disponen una serie de herramientas “excepcionales” para hacer frente a la inédita crisis de seguridad.

La iniciativa está orientada en cinco ejes: 1) Colaboración de las Fuerzas Armadas; 2) Control preventivo de identidad; 3) Sanción penal por ingreso clandestino; 4) Nuevas medidas procesales contra el crimen organizado; y 5) Recompensas por información.

En este sentido, la jefa de bancada RN, Ximena Ossandón, dijo que “la responsabilidad de abordar esta crisis es del Pdte Boric, que por mandato constitucional es el encargado de velar por el orden y la seguridad pública interior. Sin embargo, como oposición responsable que entiende la seguridad como un tema de Estado hacemos presentes nuestras propuestas una vez más, ya que creemos que a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. El Estado tiene el deber de usar todas sus herramientas para defender a sus ciudadanos, y eso estamos procurando”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), agregó que “el congreso ha aprobado todas las leyes relevantes para hacer frente a la criminalidad organizada y en gran medida las deficiencias que se observan responden a cuestiones operativas y a la falta de gestión. Sin embargo, el nivel al que escaló esta crisis demanda de medidas intensas pero transitorias, cuyo único objetivo sea dar herramientas al Estado para defenderse de una amenaza que ya es real y concreta”.

A su vez, el diputado Diego Schalper (RN), criticó la “la ineficacia y falta de sentido de urgencia que ha tenido el gobierno en esta crisis de seguridad. Hemos elaborado una propuesta inspirada en lo que se hizo en Colombia, donde en definitiva proponemos un estado de excepción extraordinario, transitoriamente aplicado por un año, con atribuciones especiales a los militares y otras más para enfrentar esta crisis de seguridad”.

“Al estilo de un estado de conmoción interna, creemos que tiene que haber una reacción vehemente y clara, y dado que el gobierno ha sido incapaz de dar un curso de acción contundente desde Renovación Nacional, hemos tomado la decisión de ofrecer este camino, que confiamos que el gobierno le ponga discusión inmediata para que cuente con las herramientas el país para enfrentar esta crisis de seguridad que estamos viviendo”, señaló.

Finalmente, el diputado UDI, Jorge Alessandri, planteó que “creemos que puede ser una herramienta más para que el presidente de turno pueda desplegar Fuerzas Armadas en apoyo a las policías, en patrullajes conjuntos, dándole mejor logística y protección. Para mí no reemplazan las policías, las Fuerzas Armadas no reemplazan a las policías, sino que las complementan. Y esta reforma constitucional junto con otras ideas que queremos llevar mañana a la moneda pueden facilitarle la pega al gobierno. Sabemos que tienen un déficit en gestión, pero al menos queremos ayudarlos con legislación”.

En ese sentido, los parlamentarios de derecha plantean esta serie de medidas “excepcionales” con un plazo de un año y “para hacer frente a una crisis profunda, que incluso amenaza la integridad de las instituciones democráticas”.
De esta manera, proponen la “colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de resguardo del orden público y la seguridad interior”, a través de la colaboración con la PDI y Carabineros en forma amplia, especificándose que estarían facultadas, entre otras cosas, para “controlar el ingreso, egreso y tránsito de personas en zonas fronterizas y en aquellas zonas que determine la autoridad administrativa”.

Se suma que puedan “practicar controles de identidad de carácter preventivo, con amplias facultades de revisión de las personas controladas, en recintos críticos, zonas fronterizas o en cualquier lugar entre las 12 am y las 6 am”.

En el proyecto de reforma constitucional también se plantea “establecer un control preventivo de identidad con registro de vestimentas, equipaje y vehículos en zonas u horarios determinados”.

Otro punto importante que se plantea es la “sanción penal ante el ingreso clandestino al territorio nacional (…) por paso no habilitado o evadiendo el control migratorio. Esto permitirá su detención, registro y enrolamiento”.

Se hace hincapié en consagrar “el conjunto de salvaguardas para no afectar la posibilidad de solicitar refugio, ni aplicar el delito a niños o mujeres embarazadas, así como las medidas que permitan preferir la reconducción o devolución inmediata de quien es sorprendido ingresando a Chile”.

Entre las medidas propuestas, también hay algunas dirigidas a combatir el crimen organizado, entre las que destacan el “facultar al juez para decretar el arraigo de personas sospechosas -sin conocimiento del afectado- de integrar organizaciones criminales, por un máximo de 60 días”.

Además, el juez podría “decretar medidas cautelares reales sobre bienes, recursos financieros u otra clase de bienes similares, tales como el embargo o la prohibición de enajenar”, en especial cuando provienen de actividades ilícitas.

Otro aspecto que se contempla es que el juez pueda “disponer de medidas especiales de cumplimiento de la prisión preventiva: en recintos especiales, en régimen de aislamiento, con restricción de visitas y/o de comunicaciones con el exterior”.

Finalmente, otra propuesta que incluye el proyecto de reforma -siempre durante el periodo de un año- es el “otorgamiento de recompensas ante la entrega de información y antecedentes útiles para perseguir la criminalidad organizada”. Para lograr este punto, será necesario proteger “el anonimato y seguridad en la entrega” de los datos, “así como el mecanismo de contribución y pago”.