“Las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar en 2023 la cifra más alta en casi un decenio con una fuerte subida en Oriente Medio”, dio a conocer este miércoles Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso de la pena de muerte en el mundo.
En 2023 se llevaron a cabo un total de 1.153 ejecuciones —cifra que no incluye los miles que se cree que se realizaron en China—, lo que representa un aumento de más del 30% en relación con 2022. Esta es la cifra más alta documentada por Amnistía Internacional desde 2015, cuando se conoció la ejecución de 1.634 personas. Pese a este aumento, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo registrado por Amnistía Internacional.
“El gigantesco repunte de las ejecuciones documentadas se debió principalmente a Irán. Las autoridades de este país mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Pese a los retrocesos que hemos visto este año, sobre todo en Oriente Medio, los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados. Nuestra campaña contra este aberrante castigo funciona. Seguiremos hasta que hayamos acabado con la pena de muerte.”
Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2023 fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Somalia. Irán, por sí solo, fue responsable del 74% de todas las ejecuciones registradas; y Arabia Saudí, del 15%. Somalia y Estados Unidos llevaron a cabo más ejecuciones en 2023.
El número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 aumentó un 20%, elevando el total a 2.428.
Se disparan las ejecuciones en Irán
En Irán, las autoridades intensificaron el uso de la pena de muerte para infundir temor en la población y aumentar su control sobre el poder, llevando a cabo ejecuciones en todo el país. Fueron ejecutadas al menos 853 personas, lo que representa un aumento del 48% respecto de las 576 de 2022. El número de ejecuciones de miembros de la minoría étnica baluchi de Irán fue desproporcionado, pues constituyó el 20% de las ejecuciones registradas a pesar de que esta etnia representa alrededor del 5% de la población de Irán. Fueron ejecutadas al menos 24 mujeres y al menos 5 personas que eran menores de edad en el momento del delito.
De las ejecuciones registradas en Irán, al menos 545 fueron llevadas a cabo de forma ilegítima por actos que no deberían conllevar la pena de muerte según el derecho internacional, como los delitos de drogas, el robo y el espionaje. Las ejecuciones por delitos de drogas aumentaron y constituyeron el 56% de las ejecuciones registradas en 2023, lo que representa un aumento del 89% en relación con las 255 ejecuciones registradas en 2022.
El secretismo de los Estados
Debido al secretismo con que actúan algunos Estados, las cifras de Amnistía no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que lleva a cabo el mayor número de ejecuciones. De forma similar, la organización no pudo presentar cifras sobre Corea del Norte y Vietnam, países que se creen recurren ampliamente a las ejecuciones.
Sin embargo, el número limitado de informes oficiales que sí han salido de estos países transmitía a la ciudadanía el mensaje claro de que la delincuencia o la disidencia serían castigadas con la muerte y mostraban que esta pena seguía formando parte del arsenal del Estado para mantener el control y reprimir la disidencia.
En China se usaron las informaciones publicadas en los medios de comunicación estatales para recordar a la población que delitos como el narcotráfico y el soborno serían castigados con dureza y desembocarían en la ejecución, mientras Corea del Norte promulgó una nueva ley que prevé la pena de muerte como posible castigo para quienes no usen la lengua nativa coreana. Mientras tanto, las autoridades militares de Myanmar siguieron imponiendo condenas a muerte en tribunales controlados por las fuerzas armadas, en procedimientos secretos y manifiestamente injustos.
A pesar de los retrocesos, continuaron los avances
A pesar de la actuación de una minoría, continuaron los avances. En la actualidad, 112 países son totalmente abolicionistas y 144 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Se documentaron ejecuciones en 16 países, el número más bajo registrado por Amnistía Internacional. No se registraron ejecuciones en Bielorrusia, Japón, Myanmar y Sudán del Sur, países que sí habían llevado a cabo ejecuciones en 2022.
En Asia, Pakistán derogó la pena de muerte para delitos de drogas y Malasia abolió la pena de muerte preceptiva. Las autoridades de Sri Lanka confirmaron que el presidente no tenía la intención de firmar órdenes de ejecución, lo que disminuyó la preocupación de que se reanudaran las ejecuciones.
Aunque ningún país abolió la pena de muerte en el África subsahariana, seguían tramitándose proyectos de ley para abolirla en Kenia, Liberia y Zimbabue. En Ghana, el Parlamento votó a favor de dos proyectos de ley que eliminaban la pena de muerte de la legislación vigente, aunque, al concluir 2023, no se habían convertido aún en ley.
“La discriminación y la arbitrariedad inherentes que caracterizan el uso de la pena de muerte sólo han agravado las violaciones de derechos humanos de nuestros sistemas de justicia penal. La pequeña minoría de países que insisten en este uso debe evolucionar con los tiempos y abolir este castigo de una vez por todas”, concluyó Agnès Callamard.
“La pena de muerte será sometida de nuevo a examen en la Asamblea General de la ONU de este año. Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a que apoyen el llamamiento de la ONU para poner fin al uso de la pena de muerte en una demostración vital de compromiso con los derechos humanos.”
Qué sucede en América
Por decimoquinto año consecutivo, Estados Unidos, volvió a ser el único país de la región que llevó a cabo ejecuciones. El número de ejecuciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos aumentó un 33%: de 18 en 2022 a 24 en 2023.
Por séptimo año consecutivo, Estados Unidos, Guyana y Trinidad y Tobago fueron los únicos países de la región en los que se impusieron nuevas condenas a muerte.