El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, volvió a referirse a la compleja polémica en torno a la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido social de 2019 y el lapidario informe al respecto sobre las falencias detectadas dado a conocer ayer por la Contraloría General de la República.
En su informe, el ente fiscalizador reveló que 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, así como también 58 de los 419 beneficiados tienen antecedentes penales por condenas por delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material de explotación sexual de menores, abuso sexual, robo con violencia, homicidio o violencia intrafamiliar, entre otros.
Tras conocerse dicho informe, diversas fuentes desde La Moneda salieron ayer a aclarar cifras, entre ellas, que de un total de 418 casos, 148 corresponden al Gobierno de Sebastián Piñera entre los meses de enero y febrero de 2022, y los 270 restantes a la actual administración. Además, del total de 69 personas con antecedentes penales verificados y consignados en el Registro Civil, 21 corresponden al Gobierno de Piñera y 48 al de Boric, como lo aclararía hoy el propio subsecretario en el punto de prensa.
En este contexto, Monsalve explicó esta mañana en el Palacio Presidencial que el procedimiento tuvo una «base de procedimiento administrativo fijado por una resolución exenta número 16 del 4 de enero de año 2022 (aun durante el anterior Gobierno), que estableció los antecedentes que debían solicitarse. Esa resolución no exigió pedir los antecedentes penales«, aclarando a continuación que dicha resolución «fue dictada por el exsubsecretario (del Interior, Juan Francisco) Galli», quien «no tuvo ninguna mala fe, porque la verdad es que nunca en la historia del país se habían solicitado antecedentes penales para entregar pensiones de gracia«.
Añadió que «esta falencia, que nosotros hemos reiterado que demuestra que los procedimientos legales y administrativos eran completamente insuficientes para proteger a los Presidentes de la República cuando entregaban pensiones de gracia, de entregársela a personas con antecedentes penales, es lo que finalmente produce que de las 148 pensiones que se entregan durante el gobierno del expresidente Piñera, 21 personas tengan antecedentes penales«.
«Y eso es lo que hace que de las 270 pensiones de gracia que se entregan durante el periodo del Presidente Gabriel Boric, 48 tengan antecedentes penales«, complementó.
«Eso evidentemente, a la vista de los hechos, parece completamente razonable de corregir. No debió haber ocurrido, y por eso como me comprometí con la comisión investigadora y con la Contraloría, fue reparado (…) a través de una resolución que modifica el procedimiento de entrega de pensiones de gracia, estableciendo por primera vez en Chile que para la entrega de pensiones de gracia siempre deben pedirse los antecedentes penales para que el país nunca tenga que vivir una situación de esta naturaleza», añadió.
El rol fundamental del INDH
Sobre la situación de los 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos, el subsecretario aclaró que «toda esa información no la pide el Ministerio del Interior directamente a los afectados antecedentes médicos, esos los solicita el INDH».
Entrando en detalles, Monsalve apuntó a la resolución exenta del 4 de enero de 2022 que firmó el exsubsecretario Francisco Galli.
«Yo tengo una muy buena relación con el exsubsecretario Galli, no voy a entrar en una pelea pequeña en esta materia», dijo, sobre la polémica que se generó al él aducir este jueves que «ni en la ley, ni en la glosa 12, ni en el reglamento se estableció que tenían (que presentar) antecedentes médicos», sino que habla de «afectación», lo que luego fue desmentido por la exautoridad de Interior del pasado Gobierno.
«La resolución que se dicta el 4 de enero del 2022 se establece en el punto dos una serie de antecedentes que tienen que estar para la revisión de los postulantes a las pensiones de gracia. Entre ellos, la ficha de postulación, el consentimiento informado, los antecedentes personales de las personas, los antecedentes médicos y la certificación de INDH«, acotó.
Seguidamente aclaró que «toda esa información no la pide el Ministerio del Interior. Ningún funcionario del Ministerio del Interior le pide directamente a los afectados los antecedentes médicos, los antecedentes médicos los solicita el INDH y por lo tanto, los antecedentes médicos vienen en la carpeta del INDH que llega al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior en el marco de la postulación«.
Explicó luego que «viene la ficha de solicitud, viene el consentimiento informado, viene los antecedentes personales, vienen los antecedentes médicos y viene a su vez un certificado del INDH que es muy clave», ello porque «el certificado del INDH en todas las personas actuales que se le entrega pensión de gracia, es un certificado muy explícito, cuando dice que el INDH, de la revisión de los antecedentes, de todos estos antecedentes, ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde detalla la fecha en que se produjo, el lugar donde se produjo, tiene suficiente gravedad para producir menoscabo laboral. Eso dicen todos los certificados».
