En medio de la crisis de seguridad que vive el país, el aumento de la violencia, la delincuencia y el crimen organizado, un grupo de diputados transversal junto a varios alcaldes presentaron una propuesta intermedia para habilitar el uso de fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana, a través de una modificación y ampliación del concepto de Infraestructura Crítica vigente en la legislación, además de solicitar que se inicie una etapa de inducción, capacitación y preparación de contingente militar para esas tareas.

El proyecto es respaldado por los diputados Raúl Soto (PPD), Marco Ilabaca (PS), Eric Aedo (DC), Jaime Araya (PPD), Francisco Undurraga (Evópoli), Andrés Longton (RN) y Jorge Alessandri (UDI), además de ser respaldado por los alcalde Germán Codina de Puente Alto, Mauro Tamayo de Cerro Navia y de Christopher White de San Bernardo.

El proyecto de reforma constitucional busca, en voz del diputado Soto, que se “habilite el uso de fuerzas militares por razones de seguridad ciudadana. Es una propuesta intermedia, distinta al estado de excepción y que permite a través de la ampliación del concepto de infraestructura crítica, ya vigente, incorporar como concepto de infraestructura crítica a toda aquella zona urbana o rural que requiera oportuna y especial protección por razones de seguridad ciudadana”.

De esta forma, el Presidente de la República, a través de un decreto firmado por la ministra del Interior y de Defensa, pueda “disponer del uso de contingente militar también en las ciudades de nuestros país, en zonas urbanas, para la protección no solamente de cosas, sino que también para la protección de personas”.

Soto planteó que es necesario adelantarse a hechos y situaciones como las que vive Ecuador y otros países a través de este proyecto, pero también solicitó una inducción, capacitación y preparación de contingente militar para estas tareas de seguridad pública usando sus capacidades de inteligencia, armamentísticas y tecnológicas “para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y la escalada de violencia que está viviendo nuestro país”.

El proyecto dispone, de ser aprobado, que “el Presidente de la República, a través del decreto supremo señalado en el párrafo primero, designará a un oficial general de las Fuerzas Armadas que tendrá el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública dispuestas para la protección de la infraestructura crítica en las áreas especificadas en dicho acto. Los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el decreto supremo dictado en conformidad con la ley”.