El Ministerio de Justicia firmó esta jornada un convenio con la Corporaciones de Asistencia Judicial, Gendarmería de Chile, la Defensoría Penal Pública, el cual busca facilitar y robustecer la asistencia jurídica y judicial a las mujeres privadas de libertad y sus hijos, cuando estos se encuentren al cuidado de sus madres, especialmente en asuntos de familia y civil, procurando por este medio, la debida protección y ejercicio de sus derechos ante los tribunales de justicia.
La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Justicia (s), Jaime Gajardo, y el documento fue suscrito con perspectiva de género que viene a asegurar el acceso a la justicia de mujeres privadas de libertad y contribuye a mejorar las condiciones para una mejor reinserción social de las mujeres a la sociedad.
Por otra parte, el convenio en su ejecución permitirá la efectiva coordinación entre las instituciones partes, de tal forma que Gendarmería podrá requerir acceso a atención jurídica a la Defensoría Penal Pública o a las Corporaciones de Asistencia Judicial cuando las mujeres lo soliciten, lo que se concretará a través de solicitudes mensuales de atención.
Gajardo señaló que “las mujeres privadas de libertad son aproximadamente más de cuatro mil, en un 80% son mujeres madres. Generalmente tienen problemas vinculados con las relaciones filiales, por lo cual para ello es fundamental que puedan acceder a los servicios de justicia. Para eso se suscribió este convenio, en el cual las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial van a formar parte de un programa que nos va a permitir que las mujeres, privadas de libertad, accedan al patrocinio de abogado y abogada, y resuelvan los problemas que tienen pendientes. Y con ello puedan estar en mejor pie el día que egresan del sistema penitenciario para propender a la reinserción social de cada una”.
Al respecto, el director general de la CAJ RM, Rodrigo Mora, destacó que “para nosotros es muy importante siempre ayudar en el acceso a la justicia gratuita y de calidad a personas que están en grupos de especial vulnerabilidad o especial protección. Y en este caso las mujeres privadas de libertad son uno de ellos. Son parte de nuestras ideas siempre atender a personas donde confluyen varias vulnerabilidades. En este caso, son personas que son cuidadoras y están privadas de libertad. Por ello, nos parece muy interesantes empezar a hacerlo ahora y no esperar, puesto que aun cuando ya estaba en régimen, necesitábamos esta coordinación para poder hacerlo de mejor manera”.
Por su parte, la directora del CAJTA, Carolina Fernández, dijo que “en particular, debemos poner nuestros mayores esfuerzos y coordinación para asegurarnos de que las mujeres en esta condición tengan acceso directo a profesionales que puedan ayudarles con sus problemas legales, como por ejemplo resolver cuestiones relacionadas con al cuidado o sustento de sus hijos”.
A su vez, el director (s) de CAJBIOBIO, Mauricio Vergara, complementó que este convenio de colaboración “viene a reemplazar uno anterior y marca un hito en el sentido que amplía la cobertura a mujeres privadas de libertad, ya no solamente condenadas, sino que también a aquellas que se encuentran en calidad de imputadas y permite brindar un mejor acceso a la justicia y no solo a ellas, sino que también a sus hijos. Uno de los principales ejes es la transversalización de género, garantizar el acceso a la justicia y la reinserción social, porque finalmente lo que se persigue es la reinserción de estas mujeres a través de este acceso a la justicia”.
En tanto, el director de CAJVAL, Gastón Gauché, agregó que lo “que hemos suscrito hoy con Gendarmería de Chile, la Defensoría Penal Pública y las cuatro Corporaciones, viene a potenciar un trabajo que nosotros hemos realizado permanentemente respecto de un grupo muy vulnerable en la sociedad, como son las mujeres privadas de libertad. La verdad que desde la región de Valparaíso, Atacama y Coquimbo ya hemos ido trabajando en la asistencia de nuestros profesionales, abogados principalmente, en la atención en distintas materias, principalmente en materias de familia, materias civiles, respecto de aquellas mujeres que se encuentran privadas de libertad en un trabajo y coordinación permanente con Gendarmería de Chile, en sus respectivas Direcciones Regionales para mantener esta atención de manera oportuna y permanente”.
En tanto, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, indicó que “en la medida en que la institucionalidad se pone al servicio de quienes más lo requieren, lo que estamos haciendo es decirles que pueden creer y confiar en el sistema”, subrayando que ello también «es un factor determinante para su reinserción«.
Finalmente, el defensor nacional, Carlos Mora, sostuvo que este convenio “es un paso adelante en la concreción de una actividad coordinada de servicios públicos en relación con el acceso a la justicia integral de las mujeres privadas de libertad que, además, favorece la misión de reinserción social de Gendarmería de Chile, pues la respuesta oportuna a sus diversas necesidades de índole jurídico y judicial, genera mayor tranquilidad y motivación para participar -de manera comprometida- en las actividades de socialización que sean pertinentes”.
