El Ministerio de Vivienda emitió este jueves una declaración en donde se refiere a los informes emitidos por la Contraloría sobre las transferencias de recursos efectuadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, reconociendo que el modelo usado “presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva”.

En la declaración se indica que “valoramos este nuevo informe elaborado por el ente contralor, ya que las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este ministerio”.

“Desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría, además de emprender todas las acciones que dispone la institucionalidad para impedir que los recursos destinados a las familias que viven en campamentos se deriven para otros fines”, precisan.

En esa línea, señalan que “durante este proceso, también se solicitó la renuncia a dos autoridades regionales en Antofagasta y Maule, respectivamente, así como a nivel central, además de iniciar investigaciones amplias y sumarios en distintas regiones del país”.

“Asimismo, desde un principio, planteamos que el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que inicia su relación con instituciones sin fines de lucro en 2019 y que fue utilizado por las últimas administraciones ministeriales, incluyendo ésta, requería de un estándar mayor de control”, precisan.

Agregan que “dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva, entre ellos, la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias”.

“Es así como, para prevenir este tipo de hechos, y siguiendo las orientaciones de la Contraloría General de la República, presentamos y estamos implementando una Agenda de Modernización con 19 medidas para el rediseño completo del programa y de la relación institucional con las fundaciones, con énfasis en la integridad, transparencia y seguridad de la información, así como la optimización de los procesos de transferencia”, exponen.

Además, mencionan que “durante el año 2022 se suscribieron 119 convenios con entidades sin fines de lucro; de ellos, 3 corresponden a Democracia Viva y a 11 se les puso término anticipado por diversos incumplimientos administrativos, quedando actualmente 7 en proceso de revisión”.

Finalmente, aseguran que “nuestro mensaje seguirá siendo claro y enfático: no vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales”.