La Policía de Investigaciones (PDI) dio un duro golpe a la diputada RD Catalina Pérez, al vincularla en el polémico Caso Convenios por un posible tráfico de influencias, lo cual se logra por las indagatorias que ha hecho la Brigada de Delitos Económicas en este hecho que involucra a la Fundación Democracia Viva.

De acuerdo a La Tercera, el informe de la PDI a la fiscalía muestra los resultados de allanamientos, declaraciones a testigos y revisión de antecedentes en el cual se establece la existencia de indicios para configurar el delito de tráfico de influencias.

“Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”, señala el documento.

Además, se agrega que “fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremía le hicieron saber de la poca experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”.

La información indica que una de las testigos clave fue la funcionaria a honorarios de la Seremi Marietta Méndez, quien se desempeñaba como analista del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

En su declaración del 30 de junio, Méndez dijo que “los primeros días de mayo el exseremi me muestra una carta realizada por funcionarios del Serviu, dirigida a la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que señalaba que había maltrato de Carlos Contreras contra funcionarios del Serviu. Señalan, además, que les parece extraña la forma en que él había elegido las cinco nuevas fundaciones que participaban en el programa de asentamientos precarios”.

“Llamaba la atención que en una de las fundaciones nuevas estaba la pareja de la diputada por esta región, Catalina Pérez. Y que había un gasto en arriendo de $54 millones autorizado por la Seremi para la Fundación ProCultura”, añadió.

Mencionó también que “ignoro cómo fueron elegidas las fundaciones, los criterios que utilizaron; lo que sí sé, es que hay una resolución que el exseremi envió a realizar a jurídica con los requisitos mínimos que debía tener cada fundación para participar. Fue el Serviu quien estableció que los $ 5 mil millones se debían dividir en 74 convenios, debido a que cada uno de ellos no debía superar las 5.000 UTM para que no pasaran por el trámite de toma de razón de la Contraloría”.