El exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien salió del cargo en medio de denuncias por acoso sexual y laboral, demandó al Ministerio de Trabajo por $580 millones por “daño moral”, acusando un “trato inncesario y desproporcionado” en la forma en cómo se produjo su salida de la cartera que encabeza Jeannette Jara.

La acción judicial, interpuesta por el abogado Jorge Bofill ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se interpone por daños morales, vulneraciones de la garantía constitucional de garantizar el “respeto y protección a la honra” de la persona y su familia; y de haber incurrido en errores de procedimiento.

De acuerdo a El Mercurio, la demanda señala que “la actuación del Estado Empleador fue innecesaria, desproporcionada y carente de razonabilidad”.

Por tal motivo, Larraín pide una indemnización de $80 millones por la violación del derecho al honor y $500 millones por la valorización del daño moral a su reputación profesional y personal.

En el escrito, el exsubsecretario sostiene que públicamente se avaló la causa de renuncia por las denuncias de acoso sexual y laboral “sin investigación previa, sin comprobación de los hechos, sin cautelar el debido proceso, sin medida de protección preventiva ni respeto al principio de inocencia”.

En esa línea, Larraín sostiene que “de un día para otro mi imagen quedó estigmatizada”.

En tanto, La Tercera expone que el monto solicitado por Larraín es por “quebrantamiento a su garantía constitucional del derecho al honor ante la publicidad con la que fue tratado por la propia ministra del Trabajo, la Secom y otras altas autoridades del Estado, justificando y avalando públicamente la causa de la petición de renuncia por las denuncias de acoso sexual y laboral, todo sin investigación previa, sin comprobación de los hechos, sin cautelar el debido proceso, sin medida de protección preventiva ni respeto al principio de inocencia”.

El escrito menciona que Larraín “es una persona conocida nacional e internacionalmente en la esfera de la economía, de manera que la forma humillante e indigna en que ha sido despojado de su reputación profesional equivale, en los hechos, a una ‘muerte profesional’”.