La Fiscalía Metropolitana Occidente anunció este lunes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, quien fue sindicada por uno de los querellantes del caso Tsunami como una de las responsables de la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.
ARGUMENTO
El fiscal José Luis Pérez Calaf argumentó que no existen antecedentes que vinculen a la Mandataria con la tragedia que dejó 104 personas fallecidas, en la zona centro-sur del país. Asimismo, comunicó la misma decisión respecto de 73 personas en cuya muerte no se encontraron responsables, de acuerdo a la investigación penal, ya que -según argumentó- la muerte de las víctimas ocurrieron antes de que llegaran las autoridades a la Onemi. Lo anterior fue expuesto en el marco de la audiencia donde se discutirán los acuerdos a los que llegó el Ministerio Público con las defensas de las seis personas que fueron acusadas por cuasidelito de homicidio. Estos tienen que ver con la suspensión condicional del procedimiento a cambio de una serie de requisitos que incluyen una declaración pública respecto a qué sucedió la madrugada de los hechos y una compensación económica. De concretarse los acuerdos, el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch deberá pagar $75 millones, mientras que la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) Carmen Fernández, $39 millones. Por su parte, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett, deberá desembolsar $4 millones, mientras que los marinos encausados entregarán una compensación económica que asciende a los $39 millones. Esto último involucra al ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, al ex jefe de operaciones del SHOA Andrés Enríquez; y al ex oficial de guardia del SHOA Mario Andina.
