El ministro de Vivienda, Carlos Montes, dio cuenta este martes ante la Comisión de Vivienda del Senado sobre los hechos que han afectado al Gobierno y a Revolución Democrática luego del traspaso de dineros fiscales a la Fundación Democracia Viva, apuntando a que el inicio de la entrega de recursos a dichos organismos comenzó bajo la administración de Sebastián Piñera.
El titular del Minvu dijo que los traspasos directos desde el Gobierno a las fundaciones se iniciaron en 2019, periodo en que estaba en La Moneda Sebastián Piñera, y que se hacían sin concurso público, ni boletas de garantía.
Montes señaló que los montos que efectivamente han sido entregados desde que asumió la cartera corresponden a los de 2023, mientras que antes de esa fecha corresponden a montos autorizados con la firma del exministro Felipe Ward.
El secretario de Estado explicó que los distintos seremis, incluyendo al cuestionado de Antofagasta, decidieron hacer estos convenios marco y entregar los recursos directamente a las fundaciones.
“El programa de campamentos, que es el que nos convoca a discutir ahora, es el 2019-2021, que es una modalidad modalidad diferente a las anteriores. Lo que ocurrió es que hubo un incremento muy fuerte de las familias en campamentos, sobre todo del 2019 a 2022, que pasamos de 47 mil campamentos a 71 mil”, precisó.
En ese sentido, explicó que “del total de los fondos de campamento hay un treinta por ciento del total que se dedica a las Fundaciones y Corporaciones, y un setenta por ciento va a municipios y el Serviu”.
El secretario de Estado también apuntó a que uno de los mayores problemas ha sido la rendición de los recursos por parte de las Municipalidades, indicando que “entre el año 2019 y el 2023, suman 23 mil 382 millones de pesos”.
Montes también mostró las instituciones que más recursos públicos reciben, mencionando que uno “es el Fosis, que para estos efectos opera como una entidad privada, con $4.089 millones. En segundo lugar, está Techo, en tercer lugar está Enlace Urbano, en cuarto lugar está Enred, y en quinto lugar está Urbanismo Social”.
En la instancia legislativa, el titular del Minvu reconoció que uno de los mayores problemas es la rendición de los recursos de parte de las instituciones privadas, fundaciones y corporaciones, afirmando que este punto “ha tenido diferentes dificultades. Algunas no han rendido nada, están atrasadísimos, otros han rendido todo. En el caso específico de Democracia Viva, lo que está rendido y aprobado, es un 3%, pero lo que está rendido y en proceso, ellos dicen que en el caso de uno de los proyectos ya van en un 30%, o sea, cerca de 60 millones de dólares y en el caso del otro, tienen un 20%”.
“El Gobierno anterior dejó totalmente programado el año 2022, o sea, todos los gastos que están en cuestión vienen del Gobierno anterior. Establece prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos Serviu. ¿Cuándo empieza el actual Gobierno a dar delegación? Recién el primero de enero de 2023. Y esto solamente se ha traducido en lo que va de este año en dos proyectos”, mencionó.
Rerspecto a la forma en cómo se realizaron los convenios con las fundaciones a través de trato directo y las investigaciones que se están realizando, Montes explicó que “primero, la licitación, porque dejaron de haber licitaciones, o sea, nunca lo hubo. En segundo lugar, no hay garantía, y en tercer lugar, como se determinan los costos del proyecto, que una cosa que estamos investigando”.
Finalmente, el ministro arguyó que “en general, a la conclusión a la que hemos llegado, que se aplicó lo que había para los municipios a las instituciones, hay una inercia y se mantiene un cierto padrón de comportamiento propio de lo que antes se aplicaba y que ahora se aplica también todavía con los municipios que ellos no tienen que tener garantía”.
