Luego de conocerse la polémica firma de un convenio entre el seremi de la Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, el Consejo Político de Revolución Democrática solicitó al Tribunal Supremo del partido expulsar a ambos militantes involucrados en este hecho por infringir la normativa interna vigente.

A través de un comunicado, RD señala que “siempre hemos impulsado la importancia de elevar el estándar de la función pública, asegurando los principios de probidad y transparecencia en la toma de decisiones. Por eso nuestra normativa interna previene la corrupción, y sanciona las faltas a la ética que los militares comentan tanto en su vida profesional, personal, o política”.

En esa línea, exponen que “condenamos toda conducta de algún militante de nuestra colectividad que contravenga estos principios, y que supongan un evidente conflicto de interés, más allá de la legalidad de los actos administrativos, pues comprendemos el daño que estos hechos generan en la confianza de la ciudadanía”.

“Como Consejo Político Nacional, hemos llegado al convencimiento de que ambos afiliados involucrados en los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa interna vigente. Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión; en base a nuestras normas internas, que fueron creadas para prevenir y enfrentar este tipo de actos”, señalan.

Finalmente, la tienda política apunta a que “seguiremos esfuerzos por prevenir y detectar actos de corrupción, y estamos a disposición de colaborar con cualquier tipo de investigación y fiscalización para cumplimiento de nuestra ética partidaria, especialmente por parte de nuestros representantes y funcionarios en cargos de confianza en el Gobierno”.