La Comisión Europea propone nuevas normas destinadas a garantizar que se mantenga la protección de los adultos en los casos transfronterizos y que se respete su derecho a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones en lo que respecta a su persona y arreglos futuros cuando se mueven dentro de la UE. Las propuestas cubren a los adultos que, por una deficiencia o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de proteger sus propios intereses. Esto podría estar relacionado con una enfermedad relacionada con la edad, como la enfermedad de Alzheimer, o como resultado de una condición de salud.
En el contexto de una creciente movilidad transfronteriza de personas en la UE, esto plantea numerosos desafíos. Por ejemplo, es posible que las personas interesadas o sus representantes necesiten gestionar activos o bienes inmuebles en otro país, buscar atención médica en el extranjero o trasladarse a otro país de la UE. En tales situaciones transfronterizas, a menudo se enfrentan a leyes de los Estados miembros complejas y, en ocasiones, contradictorias, lo que genera inseguridad jurídica y procedimientos prolongados.
El Reglamento propuesto introduce un conjunto simplificado de normas que se aplicarán en la UE, en particular para establecer qué tribunal es competente, qué ley es aplicable, en qué condiciones se debe dar efecto a una medida extranjera o poderes de representación extranjeros y cómo pueden cooperar las autoridades. . También propone un conjunto de herramientas prácticas, tales como:
- facilitar la comunicación digital;
- introducir un Certificado Europeo de Representación, que facilitará a los representantes la prueba de sus poderes en otro Estado miembro;
- establecer registros interconectados que proporcionen información sobre la existencia de protección en otro Estado miembro;
- y promover una cooperación más estrecha entre las autoridades.
La propuesta de Decisión del Consejo establece un marco jurídico uniforme para la protección de los adultos en los que participen países no pertenecientes a la UE. Obliga a todos los Estados miembros a convertirse o seguir siendo partes en el Convenio de 2000 sobre la protección de los adultos.
Próximos pasos
La propuesta de Reglamento aún deberá ser debatida y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo. Se aplicaría 18 meses después de su adopción y los Estados miembros tendrían entonces 4 años para hacer que sus canales de comunicación fueran electrónicos y 5 años para crear un registro e interconectarlo con los registros de otros Estados miembros.
La propuesta de Decisión del Consejo debe ser adoptada por el Consejo previa consulta al Parlamento Europeo. Los Estados miembros que aún no son parte del Convenio HCCH 2000 sobre la protección de los adultos tendrán 2 años para cumplir con la Decisión del Consejo y adherirse al Convenio.
Fondo
Actualmente, no existen leyes de la UE que aborden específicamente la protección de los adultos en situaciones transfronterizas.
Durante muchos años, la Comisión ha promovido la ratificación por parte de todos los Estados miembros del Convenio de La Haya de 2000 sobre la protección de los adultos, que se considera ampliamente como un instrumento de derecho internacional privado eficiente y flexible que es adecuado para su propósito a nivel mundial. A pesar de los esfuerzos de la Comisión, muchos Estados miembros no se han adherido al Convenio. Actualmente se aplica entre sus 15 Partes Contratantes, incluidos 12 Estados miembros. La Comisión propone hacer obligatorio que los Estados miembros se adhieran a este Convenio.
Además, aunque el Convenio incluye un marco jurídico mínimo para este ámbito adecuado para la aplicación internacional, estas normas no alcanzan el potencial del espacio de justicia de la UE donde existe una estrecha cooperación entre los Estados miembros y confianza mutua. Por lo tanto, la Comisión ha propuesto hoy un Reglamento que se basará en las normas del Convenio de La Haya de 2000 sobre la protección de los adultos y en las medidas existentes de la UE en otros ámbitos de la justicia civil transfronteriza. El Reglamento proporcionará normas más modernas y simplificadas adecuadas al contexto de la UE.
Las dos propuestas establecerán las normas uniformes necesarias y abordarán las lagunas e incoherencias actuales en la protección jurídica de los adultos en situaciones transfronterizas. Se aplicarán solo en casos transfronterizos y no cambiarán las leyes sustantivas nacionales de los Estados miembros relativas a la protección de adultos. Este paquete legislativo no se aplicará a Dinamarca que tiene una opción de exclusión en relación con Justicia y Asuntos de Interior. Irlanda podrá decidir si participar.
