Por 38 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Sala del Senado aprobó renovar, por octava ocasión, el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, por lo que la medida se mantendrá por otros 15 días y si se quiere prorrogar el Gobierno tendrá que volver al Congreso para solicitar su venia.
Durante el debate, distintos senadores y senadoras hicieron presente a las autoridades, la necesidad de abordar una estrategia que permita aumentar los estándares de seguridad y de desarrollo en la zona, especialmente, tras el ataque que dejó al cabo segundo de Carabineros, Jorge Geissbuhler baleado y en estado de gravedad y del atentado con el descarrilamiento de untren en Perquenco.
Asimismo, junto con valorar la promulgación de la ley que persigue el robo de madera en troza, se recordaron los compromisos en orden a impulsar los proyectos que permitan actualizar y reforzar la legislación para investigar y perseguir los delitos de alta complejidad, como narcotráfico y terrorismo. Entre ellos, se mencionó el proyecto sobre infraestructura crítica, la ley corta antiterrorista, el que eleva las penas por el delito de usurpación y el relativo al sistema de inteligencia del estado, entre otras.
Asimismo, acogiendo la sugerencia del senador RN, José García, la Sala encomendó a las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad analizar junto al Ejecutivo, los antecedentes de la aplicación de los planes de seguridad, desarrollo e inversión para la zona, resguardando en lo necesario la publicidad de información reservada.
Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que “avanzamos en paralelo en lo inmediato y en desarrollar un plan más de fondo. Antes de la próxima renovación incorporaremos indicaciones para un proyecto de resguardo y protección de la infraestructura que permita ir focalizando la acción militar en áreas específicas, mientras tenemos un cambio de fondo con las policías”.
Agregó que “en el plan Buen Vivir, iniciativa análoga a lo que otros gobiernos han hecho queremos que sea un laboratorio que permita generar una política de estado con un mecanismo legal que permita la reducción de brechas y una mayor inversión”.
Por otro lado, la jefa de gabinete anunció que “vamos a instalar un diálogo de alto nivel con la comunidad regional, las comunidades indígenas, el mundo económico y la sociedad civil”, comprometiendo la voluntad del Gobierno para trabajar en conjunto con organismos gremiales a fin de tener diagnóstico de cifras comunes.
Debate
El senador de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, dijo que “es mi deber hacer notar la disparidad de cifras respecto a los hechos de violencia que existe entre el gobierno y las que se conocen de parte de otras organizaciones. Esto revela dos problemas: carencia de diálogo y trabajo conjunto con habitantes y víctimas de violencia rural y segundo, el total desconocimiento de la comunidad sobre las políticas del Estado”.
A su vez, Matías Walker (DC), precisó que “es necesario que, el marco del proyecto de infraestructura crítica, el resguardo también diga relación con la protección de la vida, y me refiero la legítima defensa de las Fuerzas Armadas y de la propia población civil”.
Por su parte, el senador PS y presidente del Senado, Álvaro Elizalde, señaló que “la propuesta es hacer una comisión unida de Defensa y Seguridad para conocer el detalle del despliegue de efectivos en la zona. Entendemos que es una medida de control político adecuada pensando en elevar los estándares de seguridad de manera integral”.
