El pasado 9 de septiembre el Presidente de Colombia, Gustavo Petro tuiteó: «El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del Gobierno por restablecer las relaciones de hermandad».

«Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, así como desde Puentes Ciudadanos Colombia- Venezuela (una ONG respaldada por la Fundación alemana Friedrich Ebert, entre otros), insistimos desde hace mucho tiempo en la necesidad del restablecimiento, por lo menos, de las relaciones consulares, porque los pueblos no tienen por qué pagar las consecuencias de las diferencias político-ideológicas de los gobiernos”, dice a DW la investigadora Ligia Bolívar, y agrega que «se trata de millones de personas de ambos lados de la frontera que no tienen acceso a servicios consulares, un pasaporte, registro de un recién nacido, etc”. En el libro «Colombia-Venezuela: balances y retos”, Socorro Ramírez y Ligia Bolívar exponen los ejes de las relaciones y el entendimiento entre ambos países, reseña una crónica de la alemana DW.

Con el cierre intempestivo y definitivo de la frontera el 19 de agosto del 2015, Nicolás Maduro propició un exilio masivo de su población, que hoy en Colombia supera los dos millones y medio de refugiados que han tenido que arriesgar sus vidas a su paso por las «trochas”.

En 2019, tras el reconocimiento oficial del entonces presidente de Colombia, Iván Duque, de Juan Guaidó como «presidente interino” de Venezuela y los fallidos intentos de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, tras el Venezuela Aid Live, las relaciones quedaron literalmente bloqueadas por contenedores.

El comercio binacional, la esperanza de los más afectados

Contenedores que hoy la población de ambos lados espera llenar para reactivar la economía regional, víctima de la disputa política entre Bogotá y Caracas. Un declive económico que ha servido de plataforma para la informalidad y el crimen organizado binacional.

Hoy, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, busca restituir la institucionalidad en las relaciones binacionales. Si la recuperación del intercambio comercial no va a ser fácil, toda vez que «Venezuela no está produciendo nada”, como apunta Ligia Bolívar, los retos a nivel político y diplomático se avizoran mayores. El Gobierno de Petro se verá, en algún momento, en una «encrucijada ética”, pronostica a DW Zair Mundaray, exfiscal de Venezuela exiliado en Colombia, toda vez que las posturas y visiones de Petro y Maduro son «absolutamente antagónicas”.

«Una potencia mundial de la muerte»

El jurista Mundaray destaca que, mientras «el propósito de Petro es convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, Maduro ha hecho ya de Venezuela una de la muerte”, y explica: «Nunca había habido un desastre ecológico más grande como el que promueve Maduro en el Arco Minero, con derrames de mercurio en los cuerpos de agua a lo largo y ancho de 112.000 kilómetros cuadrados, destruyendo flora y fauna, arrasando pueblos indígenas y desplazándolos hasta Brasil”. Petro, por su parte, agrega Mundaray, plantea promover las nuevas energías limpias y mecanismos de protección de los pueblos indígenas.

En cuanto a la vida humana, es mucho más grave, dice Zair Mundaray, quien cita informes de la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado. Según estos, «en Venezuela, desde 2015 hasta el presente, organismos de seguridad del Estado venezolano han cometido más de 9.000 ejecuciones extrajudicales”. En Colombia, por su parte, compara el exfiscal venezolano, «el Gobierno propone el respeto a los derechos humanos, de modo que el Estado tenga una posición más igualitaria frente al ciudadano, y de respeto a la protesta pública”.

El respeto a las instituciones debe ser recíproco

La migración venezolana es uno de los puntos más importantes y delicados de las relaciones bilaterales. En Colombia, «el Permiso de Protección Temporal (PPT) sigue siendo una medida de regularización migratoria valiosísima, aunque insuficiente, pero es un gran paso adelante para evitar, entre otros, el riesgo de apátridas”, dice a DW la socióloga Ligia Bolívar, quien le recuerda al Gobierno de Colombia la necesidad de «ampliar esta medida más allá de la fecha límite establecida y la urgencia de ampliar la (re)integración en todos los sentidos”.