Este mediodía se realizará el cambio de gabinete tan esperado tras la derrota del “Apruebo” y uno de los nombres más probables de que salga de La Moneda es la actual ministra del Interior, Izkia Siches, quien sería reemplazada por una cara conocida y exconcertacionista como lo es Carolina Tohá. Sin embargo, la designación de la PPD podría ser un verdadero dolor de cabeza para el Ejecutivo al colocar a una persona que actualmente posee un juicio de cuentas que realiza la Contraloría General de la República por su gestión como alcaldesa de Santiago.
El órgano contralor realizó en 2019 una auditoría por los gastos sin respaldo que hizo en su gestión que alcanzaron los $265.462.815 equivalente a 5.843,46 UTM, y que valorizado a la fecha, esto es, al mes de febrero de 2019, ascendiente a un total de $282.268.822, señala el documento y que al momento actual, por el incremento de la UTM, llegaría a un monto de $348.240.998,7.
La investigación de la Contraloría apunta a los dineros que Tohá habría malgastado en 2016 y que provenían de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), los que fueron usados para pagar una indemnización de un profesor como también para contratar asesorías de empresas de capacitaciones.
Asimismo, la Contraloría indaga que los dineros también se habrían usado en establecimientos de educación no adscritos a la subvención escolar preferencial como también la compra por parte de la administración central de viseras, poleras, mesas, sillas entre otros elementos que no debió hacerse.
Además, también se apunta a gastos por remuneraciones indebidas y que fueron declaradas con facturas erróneas.
Con todo este problema que tiene Tohá, la mirada de algunos partidos de Gobierno como el Frente Amplio y el PC no es muy positiva, debido a que sería apuntada por la oposición u otros sectores políticos con una mala evaluación y colocando mayor presión al Ejecutivo.
También recordar que la posible futura jefa de gabinete se le obligue a pagar de forma solidaria el monto señalado en pesos actuales y es apelada por Tohá, es el Presidente Gabriel Boric el que tendría que nombrar a dos abogados que junto al Contralor dictaminarían la decisión final.
