Por Raúl Alcaíno Lihn, presidente del Colegio de Ingenieros de Chile
Se ha dicho que la nueva Constitución debiera ser casa de todos, pero para que lo sea tiene que ser grande, con espacios generosos para que todos podamos caber. Los cimientos deben ser sólidos, es decir estar basados en una gran mayoría de apoyo de los chilenos. Recordemos que somos un país socialmente sísmico y no se puede construir a tontas y locas, debe contar con el apoyo de los ingenieros.
Cuando esta casa estaba en construcción, como Colegio de Ingenieros de Chile golpeamos la puerta de la Convención para hacer nuestro aporte y evitar, en la medida de nuestras capacidades, lo que justamente está ocurriendo: que sea una casa pequeña, mal fundada y donde solo caben unos pocos, pero ni siquiera nos contestaron el timbre. Tuvimos la intención de apoyar con nuestros conocimientos y experiencia al proceso constituyente; formamos una comisión que dio como resultado cuatro informes sobre recursos mineros, medioambiente, recursos hídricos y desarrollo económico sostenible. Estos se hicieron llegar en versión digital e impresa a todos los constituyentes y diversas autoridades nacionales. Además, se realizaron varias solicitudes de audiencia a las distintas instancias de la Convención Constituyente; lamentablemente no fuimos recibidos ni fuimos sorteados para poder entregar nuestro trabajo. ¿A cuántas otras propuestas serias les habrá ocurrido lo mismo?
Vemos, como gremio, que la propuesta constitucional contiene planteamientos que van a afectar las capacidades de nuestro país de dar mayor bienestar a los chilenos. Además, no habrá posibilidad de garantizar los derechos que propone la nueva Constitución si no existe un desarrollo económico sustentable que permita su exigente financiamiento.
En materia de recursos mineros, la Constitución actualmente vigente es similar a las de 1925 y 1932 y a la reforma de 1971 impulsada por el Gobierno de Salvador Allende. También a lo propuesto por Michelle Bachelet en 2018. Y si con ese marco constitucional la minería se ha convertido en la principal actividad económica primaria del país, generando círculos virtuosos con el resto de las actividades industriales (de servicio y de comercio) entonces, uno se pregunta ¿qué criterios se consideraron para cambiar algo que aporta tanto a la sociedad y en los cuales históricamente ha habido consenso?
Asimismo, la Constitución actual contempla tres artículos fundamentales en relación al medioambiente: El derecho al medioambiente libre de contaminación, la regulación de la propiedad privada por temas ambientales y el recurso de protección. Con ellos hemos creado toda una institucionalidad en los últimos 30 años generado servicios y sistemas de evaluación de impacto ambiental, tribunales ambientales y superintendencias. Es decir, instrumentos de gestión que nos ha permitido avanzar del lugar Nº160 en que estábamos en 1989 al Nº30 en los indicadores de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
En relación a los recursos hídricos, podría ser realmente desastroso para muchas áreas del desarrollo del país establecer que el agua será incomerciable. No solo pensando en la gran empresa, el sector minero o la industria, también en la propiedad de muchos parceleros en las que el valor de sus terrenos da en la medida que tengan agua, sin ella el lugar no vale nada. Por supuesto, esto toda vez que debe consagrarse a nivel constitucional que el agua es un bien nacional de uso público y establecer la protección constitucional del derecho humano al acceso al agua para el consumo básico.
El debate constitucional no ha terminado en el país, ahora viene el plebiscito de salida y el parlamento tiene la potestad de mejorar y modificar el texto. Esperamos que los planteamientos de los ingenieros de Chile sean oídos en algunas de estas instancias posteriores.
