Este miércoles se constituirán en La Moneda funcionarios de la Contraloría General de la República para dar inicio a una investigación especial debido a las denuncias formuladas contra el Gobierno por supuestos actos de intervencionismo electoral de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo.

El personal iniciará un examen de cuentas respecto a los recursos utilizados en la campaña «Chile Vota Informado», que lidera el Ministerio Secretaría General de Gobierno encabezado por Camila Vallejo (PC).

La fiscalización incluirá, en principio, el concepto creativo y la producción audiovisual de la campaña, como así también la transferencia de recursos a otros ministerios, en el marco de esta acción informativa que el Ejecutivo ha señalado como «un deber» de cara a la definición del proceso constitucional.

Los reclamos procedentes desde la oposición sobre la materia se intensificaron durante la última semana ante el despliegue llevado a cabo por La Moneda y el propio Presidente Gabriel Boric, calificado como «informativo». De hecho, las crecientes intervenciones públicas del Mandatario le valieron incluso ser acusado de operar como el virtual «jefe de campaña» del Apruebo.

Jackson baja perfil a intervención de Contraloría

En entrevista con CNN Chile, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, le bajó el perfil a la medida adoptada por el contralor Jorge Bermúdez, asegurando que «la mejor noticia que podemos tener es que Contraloría pueda despejar este tema lo antes posible. De esa manera vamos a poder mostrar de manera categórica, después de una resolución autónoma (del organismo), que todas esas denuncias son infundadas y que el Gobierno está cumpliendo plenamente con la ley«.

En ese contexto, el titular de la Segpres recalcó que «para nosotros no hay ningún problema. A nosotros nos parece perfecto que la Contraloría, en el rol que le compete y en su mandato, investigue las denuncias que se le puedan hacer. En este caso, no hay ninguna (denuncia) concreta, en específico, sino más bien una preocupación».

Aún más, el secretario de Estado precisó que «para nosotros, mientras antes se constituya una investigación y se resuelva, mejor; porque de esa manera se va a dar cuenta cómo desde el Gobierno no solamente hemos adoptado todas las medidas para que haya prescindencia respecto al plebiscito, sino que también todos los recursos públicos han sido gastados conforme a la ley«.

Finalmente, la autoridad subrayó que «vamos a colaborar con todo lo que sea necesario y esperamos que lo antes posible esto tenga un resultado, para que no haya ninguna suspicacia. Nuestro deber de informar a la población para que la gente pueda tener acceso al texto íntegro (de la propuesta de la Convención) es algo a lo que no vamos a renunciar, independiente de todas las acusaciones que haga la oposición, que, al parecer, no quiere que la gente conozca el texto constitucional, sino que quiere que la desinformación prevalezca. Nuestro interés superior y nuestro deber es informar a la ciudadanía y lo vamos a seguir haciendo, conforme a todos los dictámenes de Contraloría y a todo lo que determine la ley respecto al uso de los recurso públicos».