El Presidente Gabriel Boric encabezó el primer Consejo Nacional de Seguridad Pública de este 2022, en el que presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito para el período 2022-2026, que propone más de 30 medidas específicas para el fortalecimiento institucional y la gobernanza, en materia de seguridad pública, prevención del delito, proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos
La instancia, que se desarrolló en el Liceo Artístico Dr. Juan Noé, en Arica, es presidida por la ministra del Interior, Izkia Siches, y reunió a las principales autoridades políticas, judiciales, de persecución penal, policiales y del sector público con injerencia en materias de seguridad del país, como los subsecretarios de Interior y de Prevención del Delito, el presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, el general director de Carabineros y el director de la PDI; entre otros. Además, el Consejo Nacional de Seguridad Pública se amplió a otros actores con injerencia en estas materias, como los ministerios de Vivienda y de la Mujer, los presidentes de las comisiones de seguridad del Senado y la Cámara de Diputados, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipios Rurales, así como a la Defensoría de la Niñez, entre otros.
Plan Nacional
En materia administrativa y legislativa, destacan el impulso a la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso durante el mes de julio de indicaciones para su tramitación, avanzar en la Reforma a las Policías, reformar la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en seguridad, impulsar la Ley de Seguridad Privada y crear una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fije una ruta país en esta materia para los próximos 10 años.
En el ámbito de Prevención del Delito, se busca avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país, para disminuir las desigualdades existentes entre municipios en materia financiera, operativa y de infraestructura para la prevención de delitos y la seguridad. Para ello, se crea un Sistema Nacional de Seguridad Municipal como mecanismo de apoyo estable a estos y orientado a fortalecer sus capacidades.
Además, se implementará una redistribución de los recursos policiales, se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios para fortalecer el trabajo coordinado en esta materia, y se crean grupos de trabajo operativo para la coordinación público-privada en seguridad, además de la incorporación de principios de equidad de género en materia de seguridad, entre otras materias.
Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados “Delitos de Mayor Connotación Social” con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis, y se modernizará y perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
En materia de protección a víctimas y Derechos Humanos, se creará el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos, se amplía el número de centros de atención para ellas, y se expanden los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.
En cuanto al combate del crimen organizado, se crea una Política Nacional contra el Crimen Organizado para el combate frontal a estas organizaciones y desbaratar sus redes, confiscar sus bienes de capital y destruir su logística. Para ello se fortalecerá el sistema de inteligencia financiera y se trabajará en la coordinación intersectorial.
En materia de control de armas, se propone un plan de 7 dimensiones, que considera: fortalecer la persecución penal; fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado, reforzar el control en fronteras e inteligencia financiara, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés.
En lo que se refiere a las armas del Estado, se estableció que cada rama de las instituciones armadas conformará un registro de las armas y municiones a su cargo, además de una revisión y actualización de protocolos de cautela y de procedimientos de eliminación de armas.
Adicionalmente, el plan contempla una serie de medidas de orden público y recuperación de espacios públicos, con acciones para la persecución policial y penal de bandas y organizaciones criminales detrás del contrabando y del comercio ilícito en espacios públicos, entre otras.
