El ex canciller Andrés Allamand puede respirar tranquilo, luego que la comisión encargada de analizar la acusación constitucional en su contra rechazó, por un voto en contra y tres abstenciones, la procedencia del libelo acusatorio.

En la votación, el diputado Jorge Brito (RD) se abstuvo y señaló que es importante derivar determinados antecedentes a otras instituciones, ya que escapan de la competencia de la comisión.

Por su parte, el diputado Cristián Labbe (UDI) votó en contra, subrayando que la medida carece de fondo y que faltaron pruebas.

En tanto, la diputada Catalina Pérez (RD) se abstuvo también y manifestó que no se han presentado elementos necesarios para formarse la convicción de que existe una responsabilidad política o jurídica. No obstante, estimó que la conducta del exministro es totalmente reprochable.

A su vez, el presidente del grupo legislativo, Jaime Araya (IND), consideró que se trata de un juicio de naturaleza política y dista de un juicio jurídico, por lo que uno podría decir es que era “buscar una suerte de justicia constitucional por responsabilidad, que no es lo mismo que ajusticiar al exministro”.

Planteó que, al tenor de la acusación, la falta de comparecencia de testimonios (alcaldes y gobernadores) aparece de manifiesto lo difícil que ha sido comprobar los hechos que se alegan, agregando que surge la inquietud de por qué no se invocaron otras causales respecto de la inejecución de las leyes. Igualmente, respecto de un posible conflicto de probidad por las actuaciones del canciller por, eventualmente, hacer prevalecer su interés personal por sobre el general.

Acusadores

El diputado Roberto Arroyo (PDG) expuso los argumentos del libelo, refiriéndose a la cantidad de informaciones en numerosos medios y las entrevistas a los alcaldes de la zona norte, que expresaron la grave situación vivida.

Puntualizó que las imágenes mostraban cómo, diariamente, cruzaban más de 500 personas sin control e incluyó, en su declaración, los dichos del fiscal del Ministerio Público de Tarapacá e hizo un detalle de las expresiones de alcaldes de las comunas del norte.

A su juicio, el descontrol se debe al abandono de las autoridades del momento, como el exministro Allamand. Junto a ello, la complicidad con otras instituciones que le daban el carácter de refugiados a quienes ingresaban irregularmente.

Precisó que “su renuncia se produce mientras estaba ya en los hechos en otro cargo”, esta vez, de carácter internacional.

La acusación había sido presentada por los diputados PDG Yovana Ahumada, Rubén Darío Oyarzo, Roberto Arroyo, Víctor Alejandro Pino, Karen Medina y Gaspar Rivas, a la que se sumaron Pamela Jiles (PH) y los independientes Francisco Pulgar, Viviana Delgado, Clara Sagardia y Enrique Lee.

Defensa

El abogado de Allamand, Daniel Donoso, afirmó que la acusación se equivoca al sostener que el exministro incurrió en una conducta de la gravedad como la planteada por un libelo acusatorio.

“Que, además, implica un estándar de pruebas y hechos que justifiquen una cuestión tan grave como comprometer el honor y seguridad de la nación”, remarcó.

En tal plano, sostuvo que “si los acusadores no rinden pruebas y no acreditan los hechos en los cuales basan su acusación, el libelo debe ser desechado”. “Corresponde a ellos acreditar y probar la acusación”.

Manifestó que la acusación implica que el juicio o reproche debe ser de carácter jurídico y no político.

“De acuerdo a lo que he escuchado de los acusadores, se trata de un reproche político a ciertas acciones”, planteó.