Tras fracasar en su intento de instalar un “estado intermedio” para que los militares ayudaran al resguardo de las carreteras sin tener que recurrir a las medidas constitucionales usadas bajo la previa administración de Sebastián Piñera, el Gobierno de Gabriel Boric se vio obligado a volver atrás y anunciar la reposición del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur, medida a la que se había negado cuando se inició su mandato, aunque haciendo hincapié en que lo aplicará con varias limitantes.

Fue así que la ministra del Interior, Izkia Siches, acompañada por diversos ministros y presidentes de los partidos oficialistas señaló que «el Gobierno ha decidido hacer uso de todas las herramientas que posee el Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos. Así, el gobierno decreta un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, acotado a las carreteras y restringiendo en la menor medida posible los Derechos Fundamentales de las personas. Se dispondrán una una serie de medidas destinadas a combatir a los grupos criminales que atemorizan a las comunidades y atacan civiles».

La decisión fue confirmada la noche de este lunes, en una reunión de comité político ampliado en La Moneda, en la que participaron los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático que apoyan al actual Gobierno.

«Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas; hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país», explicó la titular de Interior.

Precisó además que «estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad. Es por esto que hemos solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia en la Región del Biobío y La Araucanía, (…) de manera que den garantía a todas las partes de que se perseguirán los delitos como la ley mandata».

Según información preliminar, esta decisión habría sido enviada vía decreto presidencial a Contraloría para que hiciera revisión de la medida.

Paquete de medidas

En concreto, el anuncio gubernamental considera los siguientes tres ejes:

• Nuevo mecanismo para restitución de tierras: El primero de ellos aborda una demanda muy sentida, que es la restitución de tierras. Se ha duplicado la destinación de recursos fiscales a Conadi para este fin, pasando de $17 mil millones a $35 mil millones. Representa el gasto más grande de los últimos 30 años. Se está considerando la adquisición de 20 mil hectáreas de predios forestales, en 39 predios que irán en beneficio de 19 comunidades. Esta tarea estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que dentro de tres meses debe iniciar el proceso de compras.

• Parlamentos territoriales: El diálogo es el segundo componente esencial de esta agenda. Se impulsarán parlamentos territoriales que reconozcan a las autoridades propias indígenas y a los actores del territorio, con el objetivo de generar acuerdos para responder tanto a la demanda territorial como asuntos relacionados con vivienda, gestión urbana, telecomunicaciones, entre otros. Se ha solicitado el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas para estos encuentros interculturales, que tendrán lugar en el mes de julio.

• Seguridad:

• En conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros el gobierno está abordando el aumento de delitos que se cometen en la Macrozona Sur y cuya pronta solución permitiría avanzar en disminuir los efectos del Crimen Organizado en la zona. Es por esto que el Ministerio Público se ha comprometido a designar un fiscal especial con dedicación exclusiva para investigar robo de madera y narcotráfico en las regiones de Biobío y Araucanía.
• Estado de Excepción Constitucional de Emergencia acotado.

Adicionalmente, de manera interministerial, se están impulsando paquetes de inversión pública por más de $200 mil millones, destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades y ayudar a la reactivación económica en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. En particular, el monto anunciado cubre iniciativas de obras públicas, agua potable rural, mejores capacidades en materia de salud, entre otros.