Siguiendo en su ruta para reposicionarse en el espectro político nacional y de cara al actual administración encabezada por Gabriel Boric, parlamentarios de la Democracia Cristiana han continuado reuniéndose con diversos ministerios para entregar propuestas y discutir los planes propuestos por el Gobierno para llevar adelante su programa.
En ese sentido, la tarde de este lunes la senadora Ximena Rincón llegó hasta el Ministerio de Hacienda para presentarle al titular de la cartera, Mario Marcel, una agenda de «máximos necesario«, la cual elaboró junto a su par y correligionario Matías Walker.
En ese contexto, la parlamentaria respondió las consultas de Infogate acerca del rol de la Falange en relación al Gobierno, precisando que «lo hemos dicho y los vamos a repetir: nosotros no estamos en el Gobierno, no somos oposición, tenemos independencia, pero vamos a ayudar al Presidente de la República, al Gobierno, a impulsar esa agenda que dé respuesta a la ciudadanía«.
«Y en aquellas cosas en que tengamos una mirada distinta se lo vamos a decir con lealtad, con respeto, desde obviamente nuestra independencia«, recalcó.
Máximos necesarios con Hacienda
En relación al encuentro con el ministro Marcel, en la antesala del anuncio del Gobierno esta semana sobre el Plan de Recuperación Inclusiva, la senadora Rincón detalló que «lo que hemos planteado es poder instalar una agenda de máximos necesarios. Necesitamos reactivar el país; los temas de seguridad, de reactivación económica y del tema de la constituyente son los temas probablemente más relevantes de nuestro país hoy»
«Y al ministro de Hacienda le planteamos hoy establecer siete máximos necesarios. Dentro de ellos están el traspaso de recursos a las familias que lo necesitan, con traspasos directos» acotó.
«Poder tener el IFE Laboral va a ser importante porque necesitamos reactivar la economía», recalcó.
La senadora destacó además que «el tema de lograr destrabar agendas sectoriales que impulsen el desarrollo local son, a nuestro juicio, fundamentales para la reactivación económica… El Gobierno en su programa hablaba de 5 mil millones de dólares y hoy habla de 3.500 millones de dólares, y necesitamos saber cómo va a ir esa agenda, cuándo se va a empezar a aplicar como se va empezar compatibilizar los acuerdos nacionales con las agendas regionales».
Finalmente, contó que «el ministro ha sido muy receptivo de lo que hemos planteado en esta agenda de máximos necesarios, y me ha señalado que vienen anuncios específicos y concretos de parte del Presidente de la República antes de que termine esta semana».
Los siete puntos DC
Los parlamentarios DC elaboraron una lista de siete puntos, que tienen como objetivos abordar la crisis económica y entregar ayuda a las familias que se pueden ver afectadas.
1) «Ayuda al bolsillo de la economía familiar»: El primer punto sostiene que «el costo de la vida ha aumentado como nunca antes, afectando los bolsillos de las familias en todo sentido. Urgen medidas de corto plazo para controlar el aumento inflacionario más grande en 15 años de alimentos, transporte, energía y salud».
El documento indica que «los aportes y transferencias directas deben mantenerse, focalizados en las familias y personas de menores ingresos, incentivando la generación de empleos».
Además, solicita revisar y reformular los subsidios, apoyos e incentivos al empleo, con foco especial en trabajo de jóvenes y mujer; y aumentar el salario mínimo, mejorando las condiciones de trabajo. «Si no resolvemos el gasto al que está sometido el bolsillo de los chilenos, un aumento de sueldo no impactará su calidad de vida«, sostiene el texto.
2) Precio de la energía: Los senadores pidieron el ingreso de una ley corta para estabilizar los precios de la energía, en donde se incluya al gas licuado domiciliario, la parafina y la electricidad.
Asimismo, incluyeron una agenda legislativa de mediano plazo, que tenga como objetivo reformar el mercado eléctrico.
3) Apoyo y fomento a las Pymes: «Las Pymes tienen rostro, de mujeres y hombres que le dan vida cada día», dice el documento.
Es por eso, que señala que el Gobierno «debe comprometerse con ayuda directa, créditos y subsidios para inversión y contrataciones nuevas».
4) Recuperación en salud: Rincón y Walker solicitaron fortalecer la recuperación en la salud, agilizando «las listas de esperas acumuladas en el GES, que aumentaron más de ocho veces respecto al periodo pre-Covid».
A esto agregan el ajuste de los valores en las prestaciones versus los aranceles cobrados, y el apoyo al tratamiento de la salud mental preventiva y curativa post pandemia.
5) Agenda de seguridad: «No podemos normalizar la violencia en ningún ámbito. Un país crece en un ambiente de paz y tranquilidad, debemos ser capaces de otorgar seguridad a la ciudadanía, en sus trabajos, escuelas, hogares y barrios», señala el texto.
En ese sentido, el quinto punto es una agenda «urgente» de seguridad, que contempla una «modernización de las policías, para que cumplan su objetivo principal, cuidar a los chilenos».
«Asimismo, urgencia al nuevo Ministerio de Seguridad Pública para enfocar su objetivo en el resguardo de la población», añade.
6) Acceso a la vivienda: «Hoy es más difícil que nunca arrendar o comprar una propiedad. El alza de las tasas de interés, las mayores dificultades en el acceso al crédito y la inestabilidad laboral, han hecho que una generación entera vea postergado el sueño de la casa propia«, expone el documento.
«Desde el Estado debemos ofrecer soluciones rápidas para las miles de familias que ansían un lugar donde construir futuro, a través de un rediseño de la política pública de acceso a la vivienda, con participación del territorio y municipios», sostiene.
7) Emergencia del agua y servicios básicos: Los senadores detallan en el documento que «un millón de chilenos aún no tiene acceso directo al agua potable. El Estado gasta miles de millones al año en camiones aljibe y casi un tercio de las comunas de Chile (101) están con decreto de escasez hídrica».
«La dignidad básica del ser humano está en el acceso a las condiciones mínimas de consumo humano de agua y servicios. La conectividad en lugares de difícil acceso es un desafío al que el Estado debe responder. Hoy contamos con un nuevo Código de Aguas, el que debe ser acompañado de estímulos y recursos fiscales para combatir el déficit», sostienen.