«Garantizar el derecho a la educación», sería, según dijo la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, uno de los principales objetivos de la Ley de Inclusión que comienza a regir el próximo martes 1 de marzo, y que ha generado ciertas dudas en estudiantes, padres y apoderados de colegios que reciben recursos del Estado por aspectos, como por ejemplo, la exigencia del uniforme escolar, ya que de acuerdo a esta nueva normativa, los alumnos no podrán ser sancionados con la expulsión o suspensión de clases por no contar con algún elemento en su vestimenta.
Sobre esto la subsecretaria señaló que «los establecimientos deben tener un reglamento interno y debe ser respetado por la comunidad, y la familia tiene que estar en conocimiento de éste, son acuerdos que la familia y el establecimiento deben respetar«.
Al respecto, el superintendente de Educación Alexis Ramírez, agregó que «con la ley se plantea el derecho del niño por sobre estas peticiones legítimas de los establecimientos (…) El uniforme escolar lo decide cada establecimiento y puede ser obligatorio según cada establecimiento. Lo que planteamos es que dentro de las sanciones no se margine a los estudiantes por no acudir con uniforme«.
ADIÓS LUCRO
Además que la ley marcará «un antes y un después en nuestro país (…) 240 mil estudiantes dejarán de pagar en todos los niveles educativos, esta ley aumenta los recursos para los establecimientos para mejorar la calidad de la educación. El último objetivo de la ley es establecer el fin al lucro en donde aseguramos que todos los recursos vayan destinados a educación».indicó la subsecretaria.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma agregó que «los padres y madres pueden estar tranquilos porque no habrán cambios fundamentales en los establecimientos educativos en la actividad docente o académica, habrán cambios en organización y recursos. Todos los establecimientos adscritos aumentarán sus recursos. Las familias pueden estar tranquilas los establecimientos funcionarán con la misma lógica pero con muchos más recursos, y no podrán destinar los recursos del Estado más que a su propio proyecto educativo, en este sentido hay un cambio en la gestión de establecimientos».
