El Séptimo Juzgado de Garantía admitió a trámite una querella patrocinada por el abogado Luis Mariano Rendón, la cual fue interpuesta luego del cinematográfico allanamiento de la sede del Partido Comunes, ocurrida a pocos días de la primera vuelta electoral.

La acción judicial ya fue remitida a Fiscalía, la que deberá designar a un fiscal para que investigue a los fiscales Héctor Barros y Milibor Bugueño, responsables de la impactante ejecución de la orden de allanamiento, la que causó conmoción y fue rechazada por los más diversos sectores, incluso por la Asociación de Fiscales y el mismo Fiscal Nacional.

Rendón se mostró satisfecho con la resolución, señalando que es muy importante que se investiguen y sancionen estos hechos, para que la Fiscalía no se transforme en un “apéndice más de los poderes fácticos, organizando vergonzosos montajes políticos”.

«Es fundamental que se investiguen los casos de corrupción que puedan haber existido en el Partido Comunes, pero eso debe hacerse con estricto apego a la ley y ello no puede ser pretexto para que fiscales inescrupulosos sean el medio para asestar golpes político-comunicacionales. Evidentemente, la forma como se efectuó el allanamiento a la sede de ese partido fue diseñada para causar el mayor impacto posible en la opinión pública, en la víspera de una elección donde ese partido era parte de una coalición que llevaba candidatos a diputados, senadores, consejeros regionales y presidente de la República”, precisó.

En ese sentido, Rendón sostiene que “el objetivo fue dañar a esa coalición completa. Para eso la operación se llevó a cabo en forma insólita, con una unidad antiterrorista del GOPE, en horario fuera del normal de oficinas, para asegurarse que no hubiera nadie y así tener pretexto para descerrajar y con toda la televisión presente, para que transmitiera a todo el país en directo. Ese tipo de abusos no puede volver a ocurrir, hay que pararlos desde un inicio para que no se perpetúen”.