La Sala de la Cámara de Diputados respaldó el informe de la comisión mixta al proyecto que impone al personal de las fuerzas policiales el deber de respetar, proteger y garantizar, sin discriminaciones arbitrarias, los derechos humanos; además, cada institución (Carabineros y PDI) deberá elaborar e implementar un sistema de auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses.

Una gestión que satisfaga las expectativas que tiene la ciudadanía del servicio que brindan es parte de los fundamentos del proyecto que efectúa adecuaciones legales y administrativas, en las normas y procedimientos de las fuerzas de orden y seguridad pública y cuyo informe de comisión mixta fuera respaldado por la Sala de la Corporación, dejándolo en posibilidad de pasar al Ejecutivo para su promulgación.

Entre sus objetivos se establece la modernización y el fortalecimiento de los estándares de transparencia y probidad. Para ello, incorpora sistemas y protocolos de estrategia y gestión operativa cuya fin es garantizar el control institucional, gubernamental y ciudadano de las instituciones policiales.

En su paso por la Comisión Mixta se sustituyó el nombre original del proyecto. De este modo, varió de “modernizar la gestión institucional y fortalecer la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” por “fortalecer la gestión policial y establecer mecanismos de control financiero y disciplinario en los estatutos orgánicos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

En este marco, se regula que Carabineros y la PDI están al servicio de la comunidad. Sus acciones se orientarán a la prevención de delitos, control y el restablecimiento del orden público y a la seguridad pública.

Dicho personal tiene el deber de respetar, proteger y garantizar, sin discriminaciones arbitrarias, los derechos humanos y libertades de las personas, así como velar por la integridad de las personas bajo su custodia.

Las instituciones tienen el deber de proveer a sus funcionarios del equipamiento adecuado para el cumplimiento de sus funciones. Además, promueve un sistema de registro audiovisual de los procedimientos policiales; elementos de protección personal; y de medios disuasivos menos letales.

Control, control y más control

Se establece que el personal policial deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa. Para aquello, cada institución elaborará e implementará un sistema de auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses.

Durante el primer trimestre de cada año, el titular de Carabineros y de la PDI definirá un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa. Este deberá ser aprobado por el Ministerio del Interior y tendrá por objeto permitir ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Desarrollo Policial.

El superior a cargo de un procedimiento policial deberá poner en conocimiento a sus subalternos respecto de sus riesgos, características y particularidades, con el fin de promover su desarrollo eficaz y el debido resguardo de los derechos de las personas.

También se exige que las instituciones policiales generen un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas. Asimismo, deberá contemplar temas como faltas a la probidad funcionaria, infracciones o faltas a los códigos de conducta y reglamentos disciplinarios.

Adicionalmente, dispone la existencia, en cada institución, de una unidad especializada encargada de la función de auditoría interna. Su finalidad será controlar las operaciones financieras y contables; proponer los objetivos institucionales de auditoría y otras acciones orientadas al uso eficiente y eficaz de los recursos financieros, junto con elaborar un plan anual de auditoría interna.