Finalmente fracasó -no por falta de datos sino que solo por atrincheramiento político- el intento de la oposición de sacar a Sebastián Piñera de la Presidencia por medio de la Acusación Constitucional, luego que el Senado, actuando como jurado: 24 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención en el primer capítulo; y en la segunda parte 22 a favor, 20 en contra y 1 abstención.
Se trató del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por su presunta responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social, la cual también falló.
En este contexto, la oposición respaldó los planteamientos del texto, sobre que Piñera infringió la Constitución, deplorando que la aparición del nombre del Mandatario en los «papeles de Pandora» haya puesto a Chile en una posición de «vergüenza internacional« y para ello los paralamentarios citaron a los principales medios de comunicación del muno en que titularon con el escándalo y Piñera entre los principales implicados.
Asimismo, los senadores opositores cuestionaron duramente el que durante su trayectoria política y en los negocios, Piñera ha sido «imprudente» al no saber distinguir «entre lo público y lo privado», algo que, según apuntaron aquellos senadores, también se ha visto en torno al controvertido megaproyecto minero Dominga, para ello recordaron el Caso Banco de Talca, Caso Chispas, Lan y otros casos en que, ocupando cargo público de elección popular, el actual Mandatario se dio maña para hacer sus negocios desde su posición provilegiada, destacando la compra de parte de la pesquera peruana Exalmar, justo en momentos en que Perú demandba a Chile por el límite marítimo, lo que no le importó al Presidente de Chila para hacer negocios ustamente con el país que demanaba. Esta acción podría calzar perectamente como traición a la patria, porque resulta impresentable que un Jefe de Estado haga negocios con el país que lo lleva a juicio poniendo en jaque la soberanía nacional.
Todo ello ha dejado en evidencia que el Mandatario «siempre juega al límite en sus negocios y la política».
Por su parte, los senadores oficialistas se volcaron casi en pleno a rechazar el libelo -con la anticipada excepción del RN Manuel José Ossandón-, planteando que se trataba de una acusación sin fundamentos claros; que tenía una clara finalidad electoral; que formulaba «suposiciones y teorías que parecen calzar torcidamente»; y recalcando que «el uso y abuso de esta herramienta atenta contra la democracia».
Aunque optó por abstenerse, Ossandón explicó que si bien discrepa con algunos argumentos de la defensa de Piñera, cuestiona que en la acusación «sólo se ven suposiciones y teorías que parecen calzar, pero no llegan a una verdad rigurosa». Sin embargo, reprochó especialmente que la operación de compraventa de Dominga se concretara en un «paraíso fiscal», cuestionando el «¿por qué se hizo en uno si el mismo Presidente los cuestiona?.
Más aún, el parlamentario oficialista afirmó que quedó con «una sensación amarga de la existencia de muchas zonas grises que los antecedentes en mano no han logrado esclarecer».
Las voces a favor de la AC desde la oposición
Alejandro Guillier (IND): «No podemos jugar a ignorar los hechos, son de extrema gravedad. ¿Qué lección se le da a un país si el propio Presidente aparece involucrados en hechos reprochables? Le ha causado un daño a Chile (…) Que quede para lección futura que los Presidentes deben cumplir las normas legales, de probidad y la representación genuina de los intereses de su país».
Carlos Bianchi (IND): «¿Existen hechos suficientes para concluir que Piñera ha realizado actos en directo beneficio de su familia y patrimonio? He llegado a la convicción que sí».
Isabel Allende (PS): Entre otros hechos, el Mandatario «intervino, por acción u omisión, en la aprobación de Dominga, anteponiendo sus intereses personales sobre el bien común».
Rabindranath Quinteros (PS): «Queda en evidencia que Sebastián Piñera siempre juega al límite en sus negocios y la política; se ha comportado bajo el estándar de su autoridad, con negligencia asimilable al dolo».
Adriana Muñoz (PPD) votó a favor de los dos capítulos tras formarse la «convicción íntima» de que el Presidente Piñera infringió la Constitución y comprometió el honor de la Nación.
Yasna Provoste (DC): «Ha vulnerado de manera reiterada y continua preceptos constitucionales, legales y convencionales que menoscaban el honor de la Nación (…) La defensa cerrada y ajena a los antecedentes de los senadores de la derecha harán imposible que se apruebe la acusación, pero la historia juzgará al peor Gobierno en democracia de los últimos 70 años».
Carlos Montes (PS): «Las actuaciones de Piñera confunden los intereses personales con los del país, y afectan y dañan de manera significativa la seguridad interna y externa».
Guido Girardi (PPD) utilizó su tiempo para profundizar sobre el «valor ecológico» de la zona que se vería afectada por el megaproyecto minero Dominga, resaltando especialmente que «hay un fraude ambiental».
Jaime Quintana (PPD): «Hacer negocios en base a la desprotección del medioambiente ninguna sociedad lo puede permitir en pleno siglo XXI».
José Miguel Insulza (PPD): «El país sufrió la vergüenza de ver a su Presidente en un conjunto de personalidades que estaban haciendo negocios en paraísos fiscales (…) No le echemos la culpa a los diputados por haber hecho esta Acusación Constitucional o a los senadores por tratarla ahora, echémosle la culpa nuevamente al protagonista del peor Gobierno en varias décadas de este país».
Carolina Goic (DC): «La impunidad también afecta nuestra democracia y ostentar la primera magistratura del país no puede ser un blindaje».
Ximena Órdenes (PPD): «Es un instrumento que está en la Constitución, y son los actos los que nos han llevado a hacer uso de esta herramienta».
Juan Ignacio Latorre (RD): «Es una vergüenza internacional lo que ocurre con el proyecto Dominga, el mundo está mirando a Chile, lamentablemente por estos conflictos de interés de Piñera».
Alfonso de Urresti (PS): «Piñera se aparta del deber de actuar de forma proba, honrada y prudente; y lo hace con sostenida intención de favorecer a cierto grupo de interés, ligado en forma íntima al primera Mandatario».
Loreto Carvajal (PPD): «Resulta incomprensible que Piñera nuevamente se salve (…) Sebastián Piñera no merece seguir gobernando, no merece ser Presidente de las chilenas y chilenos».
Francisco Huenchumilla (DC): «El Presidente fue imprudente en no saber distinguir adecuadamente entre ser jefe de Estado y los negocios». por ello, votó a favor del primer capítulo, pero en contra del segundo.
Ricardo Lagos Weber (PPD): «No se debe mezclar el dinero y la política, y porque se debe firmar Escazú».
Álvaro Elizalde (PS): «Todos somos partidarios de cuidar la institución presidencial, pero el primer interesado debería ser el propio Presidente y su conducta ha estado reñida con la tradición republicana».
Alejandro Navarro (IND): «Siento vergüenza de que una vez más la impunidad se imponga y se naturalice que quienes tienen dinero y poder hagan la misma cosa».
Jorge Pizarro (DC): «Lo extraño hubiera sido que Piñera no apareciera en los Pandora Papers. Esta fue la gota que rebalsó el vaso, porque en su trayectoria política y de hombre de negocios no distingue lo público y lo privado».
Ximena Rincón (DC): «Voy a aprobar el primer capítulo de la Acusación Constitucional y rechazar el segundo, porque creo estamos hablando de una facultad expresamente consagrada en la Constitución que le corresponde al Presidente y no podemos procesarlo por eso», lo último referido a la decisión de Piñera de no firmar el acuerdo de Escazú.
Los argumentos del rechazo a la acusación
Iván Moreira (UDI) deploró el juicio político: «Estamos frente a una acusación que es un gran engaño. Hay un acomodo político y electoral que pretende darle réditos a la oposición (…) La izquierda no busca justicia. Busca pantalla y rédito electoral. El uso y abuso de esta herramienta es peligroso para la democracia. Es un intento de derrocar un Gobierno».
Felipe Kast (Evópoli): «No respeta el espíritu ni el fondo de nuestro sistema político y reviste evidentes fines electorales: esta forma de hacer política es deplorable»
José García Ruminot (RN): Sus fundamentos «son manifiestamente infundados, diría yo que torcidamente fundados».
David Sandoval (UDI) critica que esta acusación «no es un ejercicio serio de la facultad de fiscalización del Congreso» y constituye «oportunismo e intereses políticos que ponen en riesgo la institucionalidad del país».
José Durana (UDI): La acusación «pretende ser una franja electoral extendida de los acusadores que ven en su cobertura la posibilidad de seguir haciendo campaña».
Claudio Alvarado (UDI): «La acusación es ilegítima y está basada en suposiciones, hechos falsos o relatados en forma mañosa, y se ampara en hechos ya investigados».
Rodrigo Galilea (RN): «Esta acusación surge de un episodio de mal periodismo investigativo, pero jamás el Senado puede hacerse parte de algo tan mal hecho».
Marcela Sabat (RN): «Decido defender una convicción democrática sin nombre y apellido. Es triste pensar que la Constitución, para muchos ilegítima, sirve de refugio para la más baja maniobra política de los últimos 40 años».
Luz Ebensperger (UDI): «No logró probar aspectos fundamentales de sus aseveraciones».
Alejandro García-Huidobro (UDI): «Valoro el rechazo y envío mi solidaridad con el Presidente y su familia».
Juan Antonio Coloma (UDI): «No quiero ser un cómplice de abrir las puertas para generar el hábito de acusar constitucionalmente a los Presidentes».
Rafael Prohens (RN): «Esta acusación tiene fines evidentemente electorales y revanchistas».
La mala educación
Otro aspecto que llamó la atención es la falta de atención de los propios senadores de todos los sectores e incluso de los ministros Bellolio y Ossa, que en vez de escuchar atentamente las exposiciones de los parlamentarios, salían a tomar cafe o bien cuchicheaban entre ellos , misma actitud tenían los parlamentarios dejano entrever que solo se escuchan a sí mismos y ante un tema tal delicado, como la destitución del Presidente, el marco general fue de show y de un triste espectáculo que demuestra porque el Congreso es la institución peor evaluada de la República.
Si sus integrantes no son capaces de manter mínimas normas de buena educación, como es escuhar al otro, claramente se entiene porque no hay diálogo y porqué Chile esta en la crisis que está.
Parafraseando lo que dijo el senador Insulza y a la senadora Provoste, quienes dijeron que este es el peor gobierno de la República, calza también para el Congreso Nacional, que sin duda es el peor Parlamento que ha tenido chile.
