Este lunes el candidato presidencial presentó su Programa de gobierno y la propuesta para la Defensa, contenida en las páginas 215 a 219 bajo el titulo «Defensa Nacional y Fuerzas Armadas», varía en relación a la presentada en junio pasado y ahora señala:

El uso de las FF.AA. para responder a los conflictos sociales ha explicitado la degradación autoritaria del actual gobierno y las facultades legales en las que se ampara, las cuales deben ser modificadas con sentido de urgencia.

En este contexto, cualquier alternativa política que se proponga cursar un proceso de transformaciones en paz y estabilidad, debe incorporar a la Defensa Nacional y las FF.AA. como una herramienta activa y eficaz, que sin sustituir los roles que le corresponden al poder civil, actúe siempre dentro del marco de sus competencias para garantizar el proceso de cambio político libre de interferencias extranjeras y contribuyendo a consolidar la zona de paz sudamericana.

Durante nuestro gobierno vamos a apoyar la transformación institucional de la Defensa Nacional que refleje la arquitectura  diseñada en la nueva Constitución. Para tales efectos, nuestro programa se orienta en función de tres objetivos:

i) Aumentar el control para garantizar la probidad y transparencia de las FFAA

ii) fortalecer la institucionalidad civil de la defensa para la gestión del cambio, y

iii) construir una cultura institucional que valore la diversidad y promueva el respeto de los derechos humanos.

1. Aumentar y mejorar los niveles de control para garantizar probidad y transparencia en las Fuerzas Armadas.

• Fortalecer el control civil sobre el financiamiento y ejecución presupuestaria de las FF.AA. otorgando mayores atribuciones de auditoría, supervisión y fiscalización al Ministerio de Defensa, al Congreso Nacional y a la  Contraloría General de la República.
• Enviar al congreso el proyecto de Ley para la creación de una agencia civil de compras y adquisiciones militares.
• Incrementar mecanismos de control democrático en el Congreso y la Contraloría en materias políticas y administrativas.
• Eliminar los pisos monetarios mínimos consagrados en el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y en el Fondo de Contingencia Estratégico establecidos por la Ley 21.174.
• Terminar con el secreto de las juntas de selección y apelación, consagrado en el art. 26 de la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA; y reformar el régimen administrativo diferenciado de gestión documental de la información, en relación con el resto de la Administración del Estado, que se contiene en el Decreto con Fuerza Ley 5200 de 1929, resguardando solo documentos calificados como secretos, siendo la generalidad de ellos traspasados al Archivo Nacional.
• Avanzar en las reformas pendientes en materia de justicia militar, restringiendo esta jurisdicción sólo a delitos estrictamente de carácter militar cometidos por militares.

2. Fortalecimiento de la institucionalidad civil de la defensa para la gestión del cambio.

• Elaboración participativa de una nueva Política de Defensa Nacional para el período. Se estimulará la coordinación intersectorial y la participación de gobiernos regionales y la sociedad civil organizada en su formulación.
• Revisión de la ley 20.424 Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, y la ley 18.948 orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, tanto para ajustarlas a las eventuales definiciones constitucionales, como para aumentar las capacidades de dirección, mando y control de las autoridades civiles de la defensa, institucionalizado el proceso de planificación por capacidades, de carácter conjunto y desarrollando una carrera funcionaria adecuada para su ejecución.
• Dotar al Jefe del Estado Mayor Conjunto de jerarquía y autoridad superior a los Comandantes en Jefe Institucionales, asumiendo además, el mando superior y la conducción estratégica de las FF.AA. también en tiempos de paz, con el propósito de Plan de gobierno Apruebo Dignidad fortalecer y desarrollar la doctrina conjunta de la fuerza en todos sus niveles.
• Diseñar un plan curricular conjunto para las escuelas de Estado Mayor, las cuales deben incorporar la participación de civiles para su involucramiento profesional en el Estado Mayor Conjunto y la planificación secundaria de la Defensa.
• Fortalecer y desarrollar la coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de proporcionar asesoría directa al Presidente de la República en asuntos estratégicos, entre ellos; nuestra contribución a la consolidación de la zona de paz regional mediante la promoción de la reconstrucción del regionalismo multilateral para la cooperación en materia de seguridad y defensa.

3. Construcción de una cultura institucional que valore la diversidad y promueva el respeto de los derechos humanos.

• Modificación de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, los proyectos educativos institucionales y sus respectivos planes curriculares deben ser autorizados por el Ministerio de Defensa en consulta con el Ministerio de Educación y deberán incorporar una perspectiva de género y de DD.HH. dando forma a un perfil de egreso básico y común, promoviendo una cultura de DD.HH. presente en toda la carrera militar.
• Reforma a la ley 18.948. El Ministerio de Defensa deberá fiscalizar y validar los procesos de selección en las escuelas matrices.
• Revisaremos las condiciones de acceso y financiamiento en la educación militar, con el propósito de eliminar las exclusiones derivadas de las brechas socioeconómicas entre escalafones.
• Fortalecimiento de las políticas de inclusión desde una perspectiva de género, de diversidad sexual, étnica y socioeconómica, no solo en las FF.AA. sino también en el Ministerio de Defensa.
• Asegurar protocolos de género que aborden la violencia de género al interior de las FFAA y reconozcan medidas que eviten la revictimización, en el marco de una institucionalidad que vele por la sanción y reparación frente a los actos de discriminación.
• De forma paralela abordaremos el desafío de que las FF.AA. logren planificar sus operaciones, tanto en temas de ayuda humanitaria, como las estrictamente castrenses, con enfoque de género, implementando la resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad.