La Defensa del Presidente Sebastián Piñera salió a responder los trascendidos de prensa que indicaban la inminente apertura por parte de Fiscalía de una causa penal en contra del Mandatario por eventual cohecho en la venta de Minera Dominga, en medio de la polémica por los «Pandora Papers», revelados el pasado fin de semana. Y en este caso en específico, se acusaría que eventualmente el contrato original de la compraventa no estaba incluido en los antecedentes de la investigación del llamado caso Exalmar-Dominga.

Declaración Pública

Ante ello, la declaración pública de la defensa del Jefe de Estado, el abogado Juan Domingo Acosta, señala lo siguiente:

En un trascendido de prensa se ha señalado que no estaría incorporado a los antecedentes de la investigación del llamado caso Exalmar-Dominga el “contrato original de compraventa” de Dominga, razón por la cual el Ministerio Público estaría considerando la apertura de una causa. En razón de lo anterior, es mi deber aclarar lo siguiente:

1.- Con fecha 7 de abril de 2017 y a requerimiento de la Fiscalía que llevaba adelante la investigación, don Nicolás Noguera entregó a la Policía de Investigaciones un disco duro que contenía todos sus correos electrónicos para que se revisasen aquellos relacionados relativos a Pesquera Exalmar y al Proyecto Dominga, autorizando expresamente a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía a acceder a esos correos, según consta del acta respectiva.

2.- Entre los correos electrónicos aportados, se encuentra uno de fecha 5 de octubre de 2010 dirigido por el Sr. Iván Garrido a los Directores de Minería Activa Uno, incluyendo al Sr. Noguera, en que se acompañaban dos documentos, uno de los cuales se denominaba “Acuerdo”, de fecha 4 de octubre de 2010, suscrito entre Minería Activa Uno SpA. E Inmobiliaria Duero Limitada.

3.- Esos correos electrónicos y los documentos adjuntos, formaron parte del Número Único de Evidencia (N.U.E.) 4491614 y fueron revisados por la Policía de Investigaciones por instrucciones de la Fiscalía. De ello existe constancia en diversos antecedentes incorporados en la carpeta respectiva.

4.- El documento denominado “Acuerdo”, firmado por todos los comparecientes, da cuenta de la totalidad de los términos y condiciones relevantes de la venta a Inmobiliaria Duero Limitada de la totalidad de derechos sociales en Andes Iron Limitada, entre otros derechos y acciones, estableciendo la oportunidad, precio y forma de pago aplicables a la transferencia del Proyecto Dominga.

5.- Dicho instrumento contiene todos los acuerdos alcanzados entre comprador y vendedor en relación a la compraventa, incluyendo en su cláusula 3.03., aquella relativa al pago del saldo de precio de la compraventa, su monto y plazo, así como las condiciones a las cuales quedaba sujeto dicho pago. Su contenido es exactamente el mismo del contrato de compraventa, pues dicta sus términos.

6.- Tanto es así que en agosto de 2017 un medio de prensa informó al público-entre otras cuestiones- de la existencia de esta cláusula, incluyendo el monto del saldo de precio, fecha de pago y sus condiciones.

7.- El documento dado a conocer por ICIJ, es sólo la materialización efectiva del negocio acordado formalmente mediante el contrato denominado Acuerdo, de tal forma que la cláusula de saldo de precio es una mera transcripción de la existente en dicho documento. No se puede alegar que la referida cláusula en la compraventa hubiera sido desconocida para el Ministerio Público o no hubiere formado parte de la investigación ni hubiese sido revisado, toda vez que la misma estaba incluida en el documento denominado “Acuerdo”.

8.- Por lo tanto y como puede comprobarse de la carpeta investigativa correspondiente, este antecedente efectivamente formó parte de la investigación Exalmar-Dominga, causa que se encuentra terminada mediante sobreseimiento definitivo.

Los trascendidos de prensa

Cabe recordar que, de acuerdo a lo consignado por La Tercera, la indagatoria que llevó a cabo el renunciado fiscal Manuel Guerra en 2017 se menciona un preacuerdo de compraventa, en español, que da cuenta de la operación y que fue firmado tres meses antes del 10 de diciembre.

Sin embargo, al ser contrastado ese contrato y el nuevo que fue revelado por los Pandora Papers, la tercera cláusula sería similar, pero no idéntica, por lo que se abre la posibilidad de reabrir el caso para investigar una arista distinta.

En ese sentido, se explica que esta nueva arista apuntaría a que si Piñera realizó u omitió alguna obligación en su calidad de funcionario público en cuanto a declarar o no zona de exclusión el territorio donde se construiría Dominga. Consignar que la tercera cláusula de la compraventa expresa el pago de la última cuota siempre y cuando la zona donde se emplazaría la minera no fuera declarado zona de exclusión.