El diputado por el Distrito 4 y presidente del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, anunció este lunes que no será candidato a la reelección, con el fin de trabajar en su defensa tras ser acusado por el delito de cohecho pasivo.

“Aunque soy absolutamente inocente de lo que se me acusa, prefiero declinar esa candidatura”.

“Voy a dedicarme con mucha fuerza a defender mi honra”, señaló Jaime Mulet en un punto de prensa en el exCongreso Nacional.

El abogado que antes militó en la DC y en el PRI añadió que “apoyaré a los candidatos que quieran mi ayuda, pero obviamente esta situación no es normal ni me gusta”.

“A nadie le hace bien esto, menos a un conglomerado pequeño como el nuestro, que nació para combatir a la corrupción”, acotó.

Poco antes, en una entrevista en Radio Universo, el parlamentario declaró: «Que me formalicen cuatro días antes de las elecciones va a ser tópico que le pregunten a mi candidato en todo Chile (…) le van a preguntar a Gabriel Boric. Yo prefiero dar un paso al costado y dedicarme a mi defensa«.

Detalló además, sobre los perjuicios eventuales para la candidatura presidencial Gabriel Boric, que «el perjuicio a él es mayor, porque él es candidato a presidente (…) yo me hago a un lado porque no quiero que dañen a Gabriel (Boric). Él debe llegar a La Moneda con un estándar más elevado y si yo me transformo en una dificultad yo me retiro, para que no le hagan dañó a él ni a mis candidatos (…) qué saco yo con estar ahí».

La acusación

Este caso golpea a Mulet y a dos abogados vinculados a la Democracia Cristiana (DC), Ramón Briones y Hernán Bosselín.

En marzo de 2019, se reveló que el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, indicó a la Fiscalía de Copiapó que Mulet (ex DC) le habría ofrecido una coima de $400 millones.

Ello con el fin que los abogados Briones y Bosselin, también antiguos falangistas, pudieran cobrar más de $2.700 millones en honorarios.

Todo luego que en septiembre de 2015 lograran un acuerdo con la Minera Candelaria, de capitales canadienses, que implicó el traspaso de $16.635 millones en favor de la municipalidad.

En dicho escenario, el Ministerio Público de Copiapó solicitó al Tribunal de Garantía local formalizar al diputado por cohecho pasivo.