Nicaragua inauguró en abril de 2018 una temporada de estallidos sociales en América Latina, a la cual le siguióe siguió Ecuador (octubre 2019), Bolivia (noviembre 2019), Colombia (un round en octubre 2019 y otro a mediados de 2021), Chile (octubre 2019 y meses siguientes), y Perú (noviembre 2020). Si bien se trata de movilizaciones diferenciadas en el origen, motivos y volumen, todas ellas desencadenaron agudas crisis políticas y de gobernabilidad.

En este escenario, cabe destacar el rol que han jugado las Fuerzas Armadas, donde, a diferencia de épocas pasadas, han optado por no involucrarse en la contingencia, ni aventurarse más allá del cumplimiento de su rol constitucional.

¿Estamos en presencia de una nueva doctrina institucional? ¿Han realizado las Fuerzas Armadas una lectura relativamente común de sus incursiones políticas en el pasado reciente? ¿Son indiferentes ante las graves alteraciones al orden público que hemos vivido en algunos países?

Es difícil responder a estas interrogantes por dos razones: en primer lugar, las Fuerzas Armadas guardan prudente silencio ante la contingencia y en segundo término, se trata de procesos que están en pleno desarrollo.

Una advertencia final: se trata de analizar el comportamiento de las Fuerzas Armadas y no de las policías u otras fuerzas de orden, como Gendarmerías o Guardias Nacionales. Las Fuerzas Armadas constituyen el principal instrumento estratégico de un Estado, equipadas y entrenadas para la defensa, y no deben confundirse con las fuerzas de orden, mucho menos hablar de “los uniformados” para referirse indistintamente a estas instituciones.

Las máximas de la historia reciente

La historia contemporánea pareciera haber dejado varias lecciones al mundo castrense. Militares en retiro de diversos países coinciden en una apreciación: cuando las Fuerzas Armadas han intervenido en la coyuntura de un país, generalmente restablecen algún tipo de orden, pero muchas veces a elevados costos.  También, saben que una vez retornada la calma, se crean las llamadas Comisiones de Verdad, que por lo general terminan procesando al Alto Mando de la época y eximiendo de responsabilidad a los dirigentes políticos que ordenaron esa intervención. Al final, los presos son predominantemente los militares. 

Una enseñanza se va imponiendo: los problemas sociales y políticos no se resuelven con la fuerza, es responsabilidad del nivel político abrir caminos de entendimiento. Dado que el conducto regular establece que el nexo entre las Fuerzas Armadas y el poder político sea a través de los ministerios de defensa —o del diálogo directo con el presidente— la respuesta definitiva a cualquiera indagatoria, sólo se logrará cuando tengamos acceso a la desclasificación de esos diálogos.

¿Prudencia y moderación?

La misión primaria de toda Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía nacional. A ella se agregan normalmente otras dos: la participación en Operaciones de Paz y la ayuda a la población en casos de desastres naturales.

El mantenimiento del orden público no es responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, corresponde a la autoridad política que para ello dispone de las fuerzas policiales. Por cierto, cualquier despliegue de las Fuerzas Armadas ante emergencias internas está consagrado en la mayoría de las constituciones en los llamados “estados de excepción”, que involucra la suspensión transitoria de las garantías individuales. Ello solo es posible con el acuerdo del poder legislativo.

Pero, los hechos recientes muestran que en muchos casos la autoridad presidencial choca con el congreso; incluso, hay casos en que es la misma autoridad quien instruye a las Fuerzas Armadas tareas que van más allá de su misión.

¿Qué sucede cuando las fuerzas policiales son superadas? En teoría, el Ejecutivo debería declarar algún tipo de estado de excepción, con el aval del poder legislativo. ¿Y si no lo hace? ¿O si lo hace sin consultar al poder legislativo o judicial según sea el caso?  Hemos sido testigo de algunos casos, algo de esto se ha producido.

Además, la situación inicial puede agravarse cuando la protesta se degrada con elementos de vandalismo o con la amenaza de enfrentamientos armados entre civiles. Agreguemos que en América Latina las armas no escasean. En esas circunstancias, más de algún oficial se habrá preguntado cuánta destrucción debe soportarse hasta que el poder político construya una solución.

Si los problemas sociales y políticos no pueden resolverse con la fuerza y corresponde al nivel político construir la salida, la situación empeora cuando la autoridad diagnostica equivocadamente una crisis, como ocurrió cuando el presidente chileno, en la agitada primavera del 2019, denunció que Chile enfrentaba “una guerra”. Según un reportaje del portal Ex Ante, en esos agitados días el Ejército habría planificado evacuar al presidente de la Moneda, para ponerlo a salvo. Trasciende que se le habría sugerido la necesidad de buscar una salida política y eso explicaría porqué la derecha en Chile se allanó a la reforma constitucional. La crónica no ha sido desmentida.

En Ecuador, en el momento de mayor inestabilidad durante las protestas en Quito, el presidente de entonces, Lenin Moreno, tuvo que refugiarse en Guayaquil bajo protección militar. Por su parte, en Bolivia, en noviembre del 2019 y en medio de una grave polarización social donde cientos gritaban “Ahora si: ¡Guerra civil!” y con un gobierno que se desmoronaba, el Comandante en Jefe del Ejercito, general Kalimán, le sugirió al presidente Morales que renunciase. Antes lo habían hecho organizaciones políticas y sociales. ¿Sugerencia o golpe? Eso lo analiza hoy la justicia boliviana en medio de quejas de la actual oposición.

Lo que es evidente, es que en todos estos casos, si bien ha existido violencia y desgraciadamente numerosas bajas, ellas se han debido básicamente al accionar de fuerzas policiales o para policiales.

Cabe preguntarse entonces si las Fuerzas Armadas han privilegiado el mantenimiento del orden, pero por la vía de inducir al poder político a la construcción de una salida evitando su participación directa. De ser así estaríamos en presencia de un novedoso factor de estabilización.

**Gabriel Gaspar Tapia, es cientista político. Ha sido profesor en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en la Academia Diplomática Andrés Bello y en la UAM y UNAM (México). Ex Subsecretario de Guerra del Ministerio de Defensa y ex embajador. Opinión publicado en L21.