La virtual llegada a la presidencia del Perú de Pedro Castillo, representante del izquierdista partido Perú Libre, abre todo una serie de interrogantes respecto al papel de las Fuerzas Armadas de dicho país en el proceso constitucional, que actualmente vive una profunda polarización ante la demora en el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones y el desconocimiento de la victoria de su rival por parte de Keiko Fujimori y sus partidarios.

En este complejo escenario, el Jefe de estudios de Seguridad y Defensa de AthenaLab, John Griffiths Spielmann, nos presenta un detallado análisis del papel, pasivo y activo, que juegan las Fuerzas Armadas peruanas, su deriva hacia el respeto a la Constitución, y el eventual futuro que podrían tener en la presidencia de Castillo y la posibilidad de que use sus facultades legales para obtener lealtades y alinear a los militares a los objetivos de su mandato.

El factor militar en la situación de Perú

El reciente proceso electoral peruano, que posiciona al profesor Pedro Castillo como ganador por un escaso margen de votos, es reflejo de la aguda polarización que vive ese país, y donde el Ministerio de Defensa ha tenido que salir al paso de los llamados a pronunciarse a las Fuerzas Armadas, ante la eventual llegada al Palacio de Pizarro de un presidente que fue impulsado por un partido que adscribe al marxismo-leninismo. En una situación de alta incertidumbre, la actitud de los militares, al parecer, añade otra incógnita más.

En un comunicado del 9 de junio, tres días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, esa dependencia aclaró que ante las interpelaciones en redes sociales a la intervención de las Fuerzas Armadas, estas “no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional; por lo que cualquier llamado a incumplir este encargo es impropio de una democracia”.

“El Ministerio de Defensa y las instituciones armadas reiteran su compromiso con la Constitución, la democracia y el principio de neutralidad asumido por el Gobierno de Transición y Emergencia. Asimismo, reafirmamos el compromiso de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 6 de junio, como corresponde”, prosiguió el texto oficial (https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/499620-comunicado-mindef-n-08-2021).

Un día después, fue el turno de la Armada de Perú, que emitió un comunicado para descartar la autenticidad de un audio que circulaba en Whatsapp en cual se comentaba sobre una supuesta reunión sostenida por autoridades navales para adoptar acciones contrarias al orden constitucional y el estado de derecho.

“La Constitución Política establece que la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. En específico, la misión de la Marina de Guerra es ejercer la vigilancia y protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, apoyar la política exterior del Estado a través del Poder Naval, coadyuvando en el desarrollo económico y social del país, y participar en la Defensa Civil, de acuerdo a ley”, dice el texto de la Marina (https://www.marina.mil.pe/es/comunicacion/comunicado/marina-de-guerra-del-peru-60/).

Luego, el Ministerio de Defensa tuvo que manifestarse, una vez más, para explicar que la carta pública de 23 generales de Ejército, 22 vicealmirantes de la Marina y 18 tenientes generales de la Fuerza Aérea, todos en condición de retiro, no representaba el sentir de las Fuerzas Militares.

Los oficiales en retiro, entre ellos el exmandatario Francisco Morales Bermúdez, el ex primer ministro Walter Martos, el legislador Otto Guibovich, y los congresistas electos Jorge Montoya, José Cueto, José Williams y Roberto Chiabra, cuestionaron el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y le exigieron que cumpla “de manera confiable y transparente su mandato constitucional” a la hora de revisar actas impugnadas.

Esto, después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) finalizará el conteo del 100% de los votos de las elecciones presidenciales, indicando que Castillo obtuvo el 50,125% de los votos, lo que representa ocho millones 835.579, contra un 49,875% de Keiko Fujimori, quien obtuvo 42 mil votos menos. La candidata de derecha ha solicitado al JNE anular 200.000 votos, por lo cual la resolución de ese organismo es fundamental para zanjar definitivamente el resultado de la elección. 

En su comunicado del 14 de junio, el Ministerio de Defensa pidió a la ciudadanía no confundir pronunciamientos oficiales con posiciones particulares y anunció “acciones legales” contra los militares retirados, por ocupar los emblemas institucionales en la carta. 

“Lamentamos el uso político de las Fuerzas Armadas, ya que ello no solo mella su institucionalidad, sino que genera alarma, zozobra y división en momentos en los que el país requiere unidad y calma”, indicó al recalcar que los militares no son deliberantes y son respetuosos del orden constitucional (https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/500346-comunicado-mindef-n-09-2021).

Desde la renuncia de Alberto Fujimori a la presidencia de Perú en 2001, quien gobernó con apoyo de los militares representados por el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, los miembros activos de las Fuerzas Armadas de Perú, en general, han dejado de tener un rol protagónico en la política local. Aunque el teniente coronel retirado Ollanta Humala ocupó a la presidencia entre 2011 y 2016.

En la actualidad, los militares se encuentran desplegados para ayudar a hacer frente a la pandemia del coronavirus y también se ha reforzado su presencia en las fronteras ante la ola migratoria procedente en mayor parte de Venezuela. Estas tareas las realizan junto a sus labores tradicionales, como la lucha contra guerrillas narcoterroristas en el sureste del país o la participación en ejercicios internacionales (Unitas y Rimpac) y en misiones de paz de Naciones Unidas (un sexto contingente llegaba este mes a República Centroafricana).

Una serie de expertos peruanos y chilenos consultados por AthenaLab coincidieron en señalar que no existen indicios para hablar de una inquietud en las fuerzas armadas por la situación política actual, puesto que hasta ahora se han seguido todos los procedimientos establecidos en las leyes y la Constitución.

Esta línea institucional habría quedado demostrada con su apoyo público al presidente Martín Vizcarra ante maniobras del Congreso para removerlo en octubre de 2019. Sin embargo, cuando se conocieron audios que lo comprometían con actos de corrupción, los militares no se pronunciaron frente la destitución legal del mandatario por incapacidad moral para gobernar.

En medio de la dura represión policial contra las protestas que desataron la asunción a la presidencia de Manuel Merino en noviembre de 2020, las Fuerzas Armadas de Perú advirtieron que ponían “todos sus medios y capacidades en la defensa de su pueblo y del Estado de derecho, basados en los principios fundamentales de la libertad y la democracia”. Merino dejó la jefatura de Estado ese mismo día.

Es decir, han desempeñado un papel moderador de las crisis planteándose a favor de una salida pacífica en la que ha primado la solución política para generar certidumbre, apoyada por las principales instituciones del Estado. A diferencia de sus actuaciones en el siglo pasado, se han constituido en un factor de estabilidad, siempre y cuando el comportamiento de las autoridades siga los cauces institucionales.

Como el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, designa a los ministros de Interior y Defensa, que a su vez nombran a los comandantes de estas instituciones. En Perú es normal que el mandatario entrante reemplace a todos los jefes de las fuerzas.

“Entre julio y diciembre se decidirán los ascensos. Castillo puede influenciar el resultado y modificar el balance de poder interno. Los militares y policías de cualquier rango están subordinados al Presidente. Como en toda institución hay facciones para encaramarse en la cúpula”, escribió el columnista Manuel Moreno Caro en el diario económico Gestión. 

“El Presidente puede decidir hacia dónde inclinar la balanza y obtener lealtades. Siempre ha habido militares y policías ambiciosos de poder dispuestos a seguir los deseos del Presidente para ascender en la estructura militar o policial. Vale decir, las Fuerzas Armadas y la Policía pueden convertirse legalmente en instrumentos de Pedro Castillo”, prosiguió (https://gestion.pe/economia/castillo-los-peligros-principales-manuel-romero-pedro-castillo-segunda-vuelta-noticia/).

Si bien las propuestas de Castillo han estado más enfocadas en la seguridad pública, en el programa e ideario del partido Perú Libre, que firma Vladimir Cerrón, se leen una serie de ataques a Estados Unidos, junto con invitaciones a convertir a América Latina en una zona de paz, pero a la vez a estar preparada “social, política y militarmente contra la decadencia imperial que no está dispuesta a morir sin resistencia”. También hay un rechazo manifiesto a la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas, cuestionamiento a las misiones de paz y negativas a la presencia de bases extranjeras (https://apisije-e.jne.gob.pe/TRAMITE/ESCRITO/2108/ARCHIVO/FIRMADO/9716.PDF).

Varias de esas ideas, al menos, colisionan con la buena relación que las Fuerzas Armadas de Perú mantienen hoy con sus pares de Estados Unidos y con sus aportes a Naciones Unidas.

Por todo lo anterior, la llegada de Castillo al poder puede ser toda una prueba para los militares de Perú, de la cual hay que permanecer muy atentos. Las actuaciones de 2019 y 2020 demostraron lo necesario que es tener establecida en la Constitución la misión de las Fuerzas Armadas, puesto que es una garantía para todos los actores y un factor muy orientador para las propias instituciones.

Puede leer el texto original de la opinión en el sitio de AthenaLab.