Se trata de Francisco Javier Hunicahue, Raúl Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano, formalizados por fraude al fisco en la indagación por el millonario fraude cometido al interior del Ejército con dineros de la Ley Reservada del Cobre, que supera los $6 mil millones.
La apelación del CDE fue presentada luego que el Séptimo Juzgado de Garantía desestimara decretar la prisión preventiva en contra de los imputados, otorgando sólo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.
Las pesquisas de esta investigación apuntan a que un grupo de funcionarios de la institución castrense se coludieron para defraudar al ejército. El mecanismo utilizado fue la utilización de facturas ideológicamente falsas, para hacerse de dineros de la Ley Reservada del Cobre.
