El asalto al Capitolio (Congreso) de EEUU, generó una contundente reacción y «téngase presente» de los jefes de los Estados Mayores de las FFAA de EEUU, que analiza John Griffiths Spielman, jefe de Estudios de Seguridad y Defensa de AthenaLab.
En su trabajo, el analista hace hincapié que «en un inusual comunicado previo al traspaso de mando presidencial difundido esta semana, los comandantes en jefes de los servicios armados de los Estados Unidos recordaron a los miembros de las distintas ramas que su deber es defender la Constitución. La carta es dirigida a la totalidad de la fuerza conjunta, que en suma considera aproximadamente 1,3 millones de fuerzas activas y más de 811.000 efectivos de la Guardia Nacional y reservistas».
Griffiths explica que el mencionado llamado «se hizo en el contexto de la subordinación al poder político civil de las FF.AA. y al cumplimiento de las respectivas leyes, resaltando la función apolítica y profesional en medio de la alta polarización vista tras la victoria de Joe Biden sobre el actual presidente Donald Trump«.
Es necesario recordar -sostiene el analista- que, en este modelo constitucional, los militares juran “apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todo enemigo, externo e interno.” El documento condena la violencia de los últimos días, especialmente los hechos del 6 de enero, como un ataque directo al Congreso y a la Constitución, señalando que “fuimos testigos de hechos al interior del Capitolio inconsistentes con el imperio de la ley. Los derechos de libre expresión y de reunión, no le otorgan a nadie el derecho a recurrir a la violencia, sedición e insurrección.” Es decir, lo que prima es el estado de derecho, donde ninguna persona alguna ni grupo puede poner en riesgo esta condición de seguridad, que beneficia directamente a todos los ciudadanos.
John Griffiths, aterriza el caso a a realidad nacional planteando que: «En el caso de Chile, las Fuerzas Armadas como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes al poder político de turno legitimamente electo, en cuanto fuerzas profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Ello nos plantea preguntarnos, ¿si en una hipotetica situación de crisis institucional, con las autoridades operando fuera del marco normativo constitucional, la lealtad debe estar con las autoridades o con el cuerpo constitucional? Dicha definición es de suma importancia y no debiera ser dejada al libre albedrío en un futuro esfuerzo de establecer las normas constitucionales, acordes con el mejor modelo democrático que se desee definir».
Lea a continuación el análisis de AthenaLab:
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