El abogado Jorge Martínez, quien representa a cinco generales del Alto Mando de Carabineros y a dos en retiro, presentó este martes una demanda civil contra la Contraloría General de la República, por el sumario que lleva la entidad sobre el manejo del llamado estallido social.

Dicha investigación es llevada por fiscal instructor de la Contraloría, Carlos Soto, quien indaga a los generales Mauricio Rodríguez, Enrique Bassaletti, Jean Camus, Hugo Zenteno y Enrique Monrás, además de Jorge Ávila y Jorge Valenzuela, ambos actualmente en retiro.

La acción judicial se interpuso en el 16° Juzgado Civil de Santiago, y tiene por finalidad que el tribunal declare la nulidad de Derecho Público, a propósito de la formulación de cargos dictada por el fiscal Soto, en el marco del sumario administrativo en curso.

Así, el documento de la presentación señala claramente que, «al inmiscuirse la CGR en una potestad que no le pertenece legal ni constitucionalmente, actuando fuera de su competencia, violando el principio de juridicidad y especialidad, incurre en una desviación de poder con claro abuso de poder normativo y constitucional, lo que hace nulo de derecho público los actos administrativos cuya nulidad se demanda«.

De esta forma, mediante la Demanda de Nulidad de Derecho Público, los generales y exgenerales esgrimen que la Contraloría carece de la potestad disciplinaria para fiscalizar la conveniencia y mérito de los actos realizados por ellos en resguardo de la seguridad interior y el orden público.

“Los cargos levantados por la CGR en contra de los generales resaltan por su falta de precisión, certeza, exactitud, lo que lo hace constituir una imputación general, abstracta, exenta de toda determinación en cuanto a los hechos y la normativa propia de Carabineros de Chile que se estima infringida”, se indica en el documento.

Cabe recordar que los generales ya habían recurrido previamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, las que rechazaron los recursos, desestimando la acusación de actuar ilegal y arbitrario por parte del contralor, Jorge Bermúdez, por la misma materia.

El sumario en disputa

La investigación da cuenta de la formulación de cargos en el contexto de un sumario administrativo dirigido por la Fiscalía Institucional de la Contraloría, que se inició tras la denuncia anónima de particulares y organizaciones de Derechos Humanos extranjeras.

Según la Contraloría General de la República, los uniformados no habrían garantizado el cumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza establecidos en manuales internos vigentes a esa fecha, los cuales fueron modificados en febrero de 2020.

A través de un comunicado, desde la institución señalaron que «como siempre se ha actuado ante el ente contralor, se aportará la información que permita el desarrollo de las diligencias que realiza».

«Sin embargo, es oportuno recordar que el contexto del periodo en cuestión fue de extrema violencia, con 8.957 eventos de graves alteraciones del orden público. Ello significó una alta exigencia y, por consecuencia, una demanda sin precedentes sobre los medios humanos y logísticos con que contaba Carabineros de Chile, como fue públicamente conocido», agregó.