En medio de los cuestionamientos en contra del actuar de Carabineros en el control de manifestaciones y el debate sobre una urgente reforma a la institución, el canciller Andrés Allamand reconoció que durante el estallido social del 18 de octubre de 2019 hubo violaciones a los derechos humanos de parte de funcionarios policiales.
Así lo afirmó a la agencia EFE, indicando que “nunca ha existido ni de parte del Estado ni del Gobierno ni de los cuerpos policiales una suerte de planificación organizada”.
Hay que recordar que las movilizaciones surgidas en octubre fueron en protesta contra la desigualdad, oportunidad en que se produjeron hechos de violencia extrema con incendios a inmuebles, destrozos y saqueos a tiendas comerciales, dejando a su vez una treintena de muertos y miles de heridos.
“El Gobierno acogió todas las misiones, de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y varias organizaciones. El proceso, donde efectivamente se incurrió en violaciones o transgresiones a los derechos de las personas por parte de las fuerzas policiales, fue objeto de un escrutinio amplio y abierto a organizaciones (de derechos humanos) internas e internacionales”, explicó el jefe de la diplomacia chilena.
Allamand indicó que “esas comisiones, grupos y organizaciones entregaron unas recomendaciones, que se han hecho parte del proceso profundo de reforma a la policía y las organizaciones policiales, que está muy avanzada”.
En cuanto a “transgresiones” cometidas por la policía uniformada, el secretario de Estado sostuvo que “sí, se han abordado en la forma que he señalado, pero nunca ha existido ni de parte del Estado ni del Gobierno ni de los cuerpos policiales una suerte de planificación organizada”.
En ese sentido, afirmó que “no ha habido margen alguno para la impunidad, cada vez que se ha evidenciado que ha habido una transgresión, se han adoptado inmediatamente las sanciones administrativas y se han abierto los procesos judiciales para sancionar con el rigor de la ley a los culpables”.
“Esa ha sido la reacción del Gobierno. Quiero señalar de forma muy categórica que, si bien han existido estas transgresiones a los derechos de las personas, bajo ninguna circunstancia esto ha sido una suerte de política institucional”, concluyó
