La Cámara de Diputados aprobó durante la tarde de este martes, por 80 votos a favor, 74 en contra y 1 abstención, la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien quedó suspendido de ejercer su cargo.

De esta forma, el líbelo deberá ahora pasar a su última revisión ante el Senado, instancia que en caso de aprobarla sacaría al jefe de gabinete del puesto que ostenta y lo inhabilitaría por 5 años de optar a algún cargo público.

Poco después de las 10:00 horas de hoy, la Sala de la Cámara de Diputados comenzó el análisis y discusión de la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del titular del Interior, cuya defensa anunció, al inicio de la cita, que no apelaría a la denominada “cuestión previa”, que refuta la procedencia formal del libelo.

La parte acusadora inició la sesión a cargo del diputado Gabriel Ascencio (DC), quien criticó el discurso empleado por la defensa el ministro en las etapas previas, donde estimó se hizo uso de descalificaciones y términos peyorativos para quienes presentaron el libelo acusatorio. Asimismo, destacó las diversas contradicciones en que se incurrió y la necesidad de, incluso, cambiar a los abogados durante el proceso.

Remarcó que una primera línea argumentativa de la defensa se enfocara a restar responsabilidades de Víctor Pérez, indicando que la tutela de las policías no estaba bajo el Ministerio del Interior, sino que bajo el control de Defensa, al existir un decreto por estado de excepción constitucional. En este plano, observó que el discurso varió al denotarse un conflicto político al interior del gabinete y con la propia coalición de gobierno.

“No entiendo cómo no previó los efectos que iba a provocar, porque me imagino que eran efectos no deseados, sino sería una actitud desleal con su par de Defensa, Mario Desbordes”, planteó.

Defensa de Pérez: “Esta acusación desprecia la política”

A su vez, el nuevo abogado defensor del ministro del Interior, Gabriel Zaliasnik, quien comenzó su presentación criticando el que, nuevamente, se pretenda evaluar el mérito de las decisiones políticas recurriendo a una acusación constitucional.

El abogado, que hace algunas semanas también fue parte de la defensa del exministro de Salud, Jaime Mañalich, refutó la desprolijidad en la acusación, así como la oportunidad y la falta de fundamentos, asegurando que, una vez más, se juzga a personas por su calidad de tal y no por las conductas o infracciones jurídico constitucionales que hayan ocurrido.

La defensa aseguró que el libelo presenta una evidente “trampa tautológica”, pues, por una parte, se le reprocha al ministro el no utilizar la potestad de la ley de Seguridad Interior del Estado y, por otra, se le critica el haberla usado. “Lo absurdo -y aquí está la falla geológica de la acusación- es que la conclusión de los tres capítulos es que no se dialogue”, agregó.

Para la defensa del ministro, la acusación “desprecia la política, en circunstancias que corresponde a esta Sala realzarla”. El abogado afirmó que, “al calor de la contienda política”, se habría construido un cuarto capítulo de la acusación en torno a la primera defensa presentada por el ministro en la comisión que analizó la pertinencia del libelo.