Los parlamentarios del PS expresaron este lunes la urgente necesidad de incorporar, en la discusión presupuestaria, una “reparación efectiva” destinada a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos luego del estallido social del 18 de octubre de 2019.
Cabe recordar que, durante el estallido social y los meses posteriores, existen constancia de más de 8.000 casos de víctimas de violaciones a los DDHH según el Ministerio Público. Existen querellas por 8 homicidios, 1.775 apremios ilegítimos o torturas, 263 víctimas de violencia sexual y 405 víctimas de lesiones oculares.
En ese sentido, la senadora Isabel Allende fue enfática en señalar que “son diversos los informes internacionales que han recalcado preocupantes violaciones a los DDHH en nuestro país con posterioridad a octubre de 2019. Y en ese sentido el Estado no solo debe procurar justicia, sino también reparación. Es de suma urgencia contemplar dicha reparación, sobre todo en el marco de la actual discusión presupuestaria. También es importante fortalecer el INDH en verdad y justicia, como expuso su director, Sergio Micco, en la Comisión Mixta. Debemos avanzar en verdad acerca de las violaciones a los DDHH ocurridas luego de la crisis, donde el INDH es el órgano imparcial que nos puede dar luces para avanzar con este compromiso de nuestro Estado y que estos hechos no se vuelvan a repetir«.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Emilia Nuyado, aseguró que «se hace necesario que exista reparación moral y económica para los cientos de personas que fueron mutiladas o perdieron un ojo. Hablamos de muchas personas que debido a esto perdieron sus empleos o no pueden trabajar. Pero además debe hacerse justicia por ellos«.
En este mismo sentido, la diputada se sumó al llamado a que «los detenidos durante el Estallido social puedan salir de la cárcel mientras duran las investigaciones. Aquí hablamos de personas que no han sido condenadas pero que llevan meses encerradas, sin ser culpables aún. En su mayoría son jóvenes estudiantes y trabajadores que no han podido optar ningún beneficio, que sólo están presos por manifestarse contra el modelo y el sistema«.
A juicio del integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Manuel Monsalve, “el gobierno de Sebastián Piñera no ha mostrado compromiso con las víctimas de violaciones de los DDHH en el marco del estallido social, producto de la violencia ejercida por la represión policial. El congreso aprobó 2.203 millones de pesos para un programa de reparación íntegra para las víctimas de lesiones oculares y a la fecha solo se han ocupado 127 millones de pesos”.
“Por eso, en el marco de la discusión del presupuesto 2021, vamos a exigir al gobierno mostrar un compromiso verdadero con las más de 8 mil víctimas de DDHH y los 3 mil lesionados por disparos. Para esto debe haber más recursos en programa de salud que permitan establecer una glosa que permita reparar aquellas víctimas que sufrieron lesiones y tienen algún grado de discapacidad”, señaló Monsalve.
A su vez, el senador y miembro de la comisión de Hacienda, Carlos Montes, destacó que “no puede existir un análisis de lo que ha ocurrido en nuestro país este último año sin entender que existe la necesidad de establecer, como Estado, una reparación justa y necesaria para cientos de personas que sufrieron violaciones a los Derechos Humanos con posterioridad al estallido”.
Agregó el jefe de la bancada de senadores socialistas, que es fundamental entender la importancia de esta reparación, afirmando que “sin esta reparación, no existe la posibilidad de entendernos como sociedad. No podemos avanzar si no entendemos que acá hubo un estallido social, hubo manifestaciones de la ciudadanía que llevaron a un proceso constituyente, y hubo violaciones a los Derechos Humanos que deben ser reparadas en forma urgente”.
Manifestantes aún en prisión
Los parlamentarios socialistas manifestaron también su preocupación que, a un año desde el estallido, aún se mantengan personas en prisión preventiva imputados por delitos cometidos entre octubre y diciembre del 2019, a raíz de las movilizaciones que derivaron del estallido social.
“Si bien hemos sido claros desde un principio en condenar la violencia, nada justifica la vulneración al debido proceso y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, lo que obliga al Estado a utilizar la medida cautelar de prisión preventiva de manera excepcional, ya que mantener restringida la libertad de una persona por un periodo extendido de tiempo, crea infracciones a la presunción de inocencia, anticipando con ello la pena”, dijo Allende.
Con el objetivo de terminar con esta justicia, los legisladores del PS solicitan al Gobierno retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado en estos casos, con el objetivo de que estos presos sean juzgados con las herramientas procesales comunes.
De igual manera, los legisladores exigieron a las diversas instituciones resolver la procedencia de otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva mientras duren las investigaciones, para así cumplir con los compromisos internacionales de nuestro Estado en la materia.
