Los diputados Camila Flores (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) oficiarán a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, para que determine si es correcto el actuar de Contraloría en el marco del sumario administrativo a Carabineros por el estallido social.
Irónicamente, el organismo ante el cual los parlamentarios efectuarán su presentación tiene por secretario ejecutivo al propio contralor nacional Jorge Bermúdez, quien ejerce dicho cargo desde 2013 y estará en el mismo hasta el 31 de diciembre de 2021.
La OLACEFS está integrada por las contralorías y entes equivalentes de Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. La presidencia del organismo la ejerce actualmente el contralor general del Perú.
Los cargos contra la CGR
Se señala en el escrito que «es menester destacar que en Chile hemos sido testigos de un inédito hecho, a saber, inicio del procedimiento sancionatorio dirigido por la Contraloría General de la República, en contra de altos mandos de las fuerzas policiales de nuestro país, exigiéndosele responsabilidad administrativa a dichos funcionarios, por el actuar de la policía en momentos de altísima tensión social, donde se suscitaron graves episodios de violencia y delincuencia que pusieron al país en un estado de alteración del orden público evidente, y que se sostuvo por varias semanas».
Por lo anterior destaca que estos hechos «se encuentran en investigación por el órgano persecutor chileno, quienes ejercen la acción penal y persiguen las responsabilidades penales de quienes han transgredido el ordenamiento jurídico».
A juicio de los parlamentarios oficialistas, «la actuación de la Contraloría General de la República constituye un actuar inusual, que es lejana a su expertis y de la que no podemos anticipar las consecuencias para el devenir de nuestra institución policial. Con todo, queremos dejar en claro que respetamos la institucionalidad de la Contraloría General de la República, y reconocemos la tremenda labor que cumple es pos del resguardo de la legalidad y transparencia y la función pública».
«Sin embargo, creemos que dicha actuación debe ser siempre imparcial, aplicando el control de legalidad de forma estricta e igualitaria a todos quienes se encuentran bajo su vigilancia», precisan.
«Es importante para las democracias que las Contralorías Generales no se transformen en herramientas ideológicas de ciertos sectores políticos, y que a pesar de poder actuar dentro de la esfera de competencias que la ley y el ordenamiento jurídico le han conferido, lo hagan con objetividad, sin dar concesiones o un trato indulgente a quienes resultan afines a sus ideas político-partidistas, mientras como contrapartida hacen valer todo el peso de la ley en quienes resultan contrarios a estas», resaltan.
El diputado gremialista sostuvo que «tenemos que evitar por todos los medios que la Contraloría General se transforme en una herramienta con fines políticos y que termine representando sólo los intereses de quienes la dirigen. Lamentablemente, creemos que con este acto el organismo fiscalizador cayó en una arbitrariedad que puede tener graves consecuencias a futuro».
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