Fabiola Campillai, quien quedó ciega tras recibir una bomba lacrimógena disparada por un carabinero en San Bernardo en noviembre pasado en el marco de las manifestaciones del estallido social, destacó la detención del excapitán, Patricio Maturana, pero criticó al Gobierno y a la institución policial por haberla dejado sola luego del incidente.
Así lo expresó Campillai, indicando que “nunca estuvieron en ese tiempo que yo estuve en el hospital, jamás un apoyo para mi familia ni de parte de Carabineros ni de parte del Gobierno, así que ellos nunca han estado con nosotros, nunca han tratado de comunicarse con nosotros ni prestarnos ayuda”.
Precisó que la ayuda que podrían entregarle ahora “ya no la necesitamos”, añadiendo que si el deseo es respaldarlos como familia es que se “hagan parte de esta querella contra quienes resulten responsables, porque nosotros sabemos que no tan solo es Patricio Maturana, aquí hay mucha más gente, hay muchos más carabineros que siguen un protocolo que ese día no lo cumplieron”.
El otro funcionario policial al que Campillai hace referencia es Jaime Fernández, “que sin duda él era el que estaba a cargo del piquete ese día, pero aquí había un piquete completo y también ellos tienen superiores”.
En ese sentido, explica que los mandos más altos sabían de lo que había ocurrido ese día, por lo que “sin duda es que hay más responsables. Aquí ellos no se mandan solos, aquí se siguen los protocolos que claramente no siguieron y hay muchos más de ellos que sabían lo que a mí me había pasado y con las imágenes de ellos mismos no hicieron nada”.
En cuanto a la detención del excapitán, la mujer señaló estar con un “poquito de esperanza” y “felices” y “esperamos que esto siga adelante y que no haya mucho tiempo para que a él le hagan su juicio y nosotros podamos salir de esto”.
Gobierno pide que la investigación siga adelante
En tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, valoró que la investigación de este caso haya llegado a la detención de un responsable, pero llamó a respetar la decisión que puedan tomar los tribunales.
“Hoy día tenemos un resultado de una investigación que es preliminar que es la detención de una persona que ya no pertenece a Carabineros de Chile, que es sujeto de una investigación criminal que lleva adelante la Fiscalía, por lo tanto, lo que hay que esperar es que esa investigación siga adelante”, sostuvo.
Además, indicó que “fue un hecho lamentable que le costó un dolor gigantesco a una persona producto de las manifestaciones y producto de un actuar en un momento de graves desórdenes públicos de las fuerzas policiales, le costó verse afectada en su integridad física de manera grave, por lo tanto, lo que corresponde es que las investigaciones avancen, que lo hagan seriamente, que determinen qué tipo y qué circunstancias se dieron estos hechos y que determine si los responsables son responsables de un delito y por lo tanto que tengan que ser sancionados conforme a ello”.
Galli también dijo que es necesario separar las cosas en el sentido que la tipificación por apremios ilegítimos que Campillai reclama, le debe corresponder a la justicia determinarla.
“La tipificación y la dirección de la investigación le corresponde a la Fiscalía, la Fiscalía va a determinar cuál es el delito que se le imputa, cuáles fueron las circunstancias en que eso ocurrió y cuál es la responsabilidad que le cabe y, por lo tanto, dejemos que la justicia actúe”, señaló.
Y agregó que “es importante que la justicia actúe, que esta investigación se lleve adelante y que se determine la responsabilidad de quienes pudieron estar involucrados en los hechos, además destacar, nosotros como Gobierno desde un principio y Carabineros de Chile como institución también ha estado totalmente disponible, ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la información que le ha sido requerida”.
Galli insistió en que “antes de sacar conclusiones hay que esperar la investigación judicial en cuanto a su responsabilidad administrativa. Lo relevante es que ese sumario está siendo llevado adelante por la institución, la persona ya no pertenece, como consecuencia de algunas faltas administrativas cometidas por el funcionario, ya no pertenece a la institución y por lo mismo lo que corresponde es que separemos claramente”.
“Una cosa es la infracción administrativa que tuvo muchas dificultades para llevarse adelante justamente porque cuando se le requirió información a distintas personas que estuvieron en el lugar, por sugerencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las víctimas ni sus cercanos prestaron ayuda a la investigación administrativa, lo que es comprensible si uno piensa que eso podría llevar adelante algún tipo de victimización secundaria, por lo tanto, lo que corresponde antes de sacar conclusiones es que la justicia investigue, determine cuáles son los hechos que se le van a imputar a este funcionario, que se determine si es responsable o no y si resulta ser responsable que se le sancione conforme a derecho”, concluyó.