El tercer informe del equipo conformado por el PS, con el apoyo del Instituto Igualdad, para fiscalizar el Plan de Emergencia del Gobierno revela que, en el trimestre móvil marzo-mayo, 3.284.000 personas se han desmovilizado del mercado laboral o están desempleados o con relación suspendida; un 1.256.000 han sido expulsadas de la fuerza de trabajo, y 879.000 se encuentran cesantes.
De acuerdo al documento, que analizó cómo el Gobierno ha enfrentado la pandemia en el mundo laboral, poniendo énfasis en la nueva normativa que se ha dictado en este tiempo, sus efectos jurídicos y consecuencias prácticas, las y los trabajadores no se encuentran protegidos durante la crisis sanitaria, económica y social que vive el país.
Asimismo, señala que ni la legislación aprobada los resguarda adecuadamente en sus fuentes de trabajo o sus ingresos, ni la actuación de la autoridad ha sido la apropiada.
En el detalle, el documento “Realidad en materia laboral” sostiene que dentro de los ocupados/as, se registran 1.149.000 trabajadores/as ausentes, quienes estarían con algún grado de suplencia de ingresos, pero que ya están con una tasa de reemplazo de 55%, que, sin duda, los y las deja bajo el salario mínimo.
“Es necesario reiterar que la estimación a mayo es un trimestre móvil en que las condiciones de los meses considerados son muy distintas, desde un marzo normal hasta un mayo con un impacto severo en la fuerza de trabajo. En el próximo trimestre móvil, se reemplazará un mes normal por uno similar al de mayo, con lo cual es esperable una situación más drástica en la caída de la ocupación en el país”, asegura el informe PS.
Por otro lado, la investigación detalla la situación actual de la Ley de Protección al Empleo, de la Ley de Teletrabajo, del Ingreso Mínimo Garantizado, de las trabajadoras de casa particular, de los trabajadores/as migrantes, de los derechos colectivos, y la actuación de la institucionalidad laboral.
Francisco Díaz, ex subsecretario del Trabajo e integrante del equipo fiscalizador, aseguró que “luego de analizar la situación de trabajadores y trabajadoras migrantes y de casa particular, y de aquellos y aquellas en teletrabajo, vemos que en todos se produce una precarización en sus derechos, una disminución de ingresos y, lamentablemente, un aumento de la cesantía”.
“La conclusión es una sola: las trabajadoras y trabajadores no están siendo protegidos en esta coyuntura, hay una evidente precarización en muchos sectores”, afirmó Díaz.
Finalmente, el informe del equipo PS, que evaluó la opinión de más de 70 dirigentes sindicales nacionales y regionales de diversos sectores productivos y de servicios, privados y públicos, propone 10 medidas para los trabajadores y trabajadoras con contrato laboral, para corregir “la abierta injusticia que existe hoy”.
